La depuración del censo electoral que se pretende con la reforma política aprobada en diciembre en el Congreso de la República y cuya constitucionalidad es estudiada por la Corte Constitucional, sigue causando polémica, especialmente entre los militantes del Polo Democrático Alternativo, que aseguran ser los más afectados.
La inconformidad se origina en el Artículo 47 de la Ley 190 de 2010, que excluye del censo electoral a quienes no votaron en las últimas elecciones, es decir, en las presidenciales de 2010, de manera que para ejercer el derecho al voto deberán volver inscribir su cédula.
El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, en un foro sobre implementación del voto electrónico, organizado por las revistas Semana y Dinero en el Club Colombo Libanés el miércoles pasado, se refirió al tema y aseguró que el censo debe depurarse para que haya mejor control sobre las elecciones.
“Tengo la impresión de que la depuración es un instrumento muy eficaz contra el fraude y la suplantación, así como lo será también el ensayo de tomar la huella digital en las elecciones de octubre”, dijo Vargas Lleras.
Polo, afectado
La queja del Polo Democrático Alternativo es porque a su juicio el artículo tiene un tinte de persecución política al no dejar que los militantes de esta colectividad puedan votar, ya que en la segunda vuelta presidencial el partido hizo un llamado al abstencionismo a todos sus miembros.
Así, el senador y vocero del Polo Democrático, Jorge Robledo, expresó que es imposible inscribir de nuevo a los polistas porque seguramente ni saben que fueron excluidos del censo.
“Un millón 300 mil personas votaron por el candidato a la presidencia del Polo, ¿cómo hacemos para que ellos sepan que los sacaron del censo? Eso es imposible”, dice Robledo y agrega que otra posibilidad es que tengan que irse al abstencionismo otra vez.
Sostiene el Senador que esta situación es grave y llama la atención a la opinión pública y a los editorialistas del país para poner el tema en discusión.
Robledo cita como ejemplo una la columna escrita por Eduardo Posada Carbó en El Tiempo, donde dice que el mencionado artículo “viola normas del proceso legislativo y atenta contra el principio de transparencia que debe acompañar la aprobación de las leyes. Más aún, si su forma está viciada, su contenido es además inconstitucional”.
Agrega el Senador que está impresionado de ver que un tema tan delicado como éste, que atenta precisamente contra la democracia, no sea motivo de debate nacional.
Indicó que el Polo le ha pedido al presidente Juan Manuel Santos que objete la medida, lo que esperan que haga, pues en caso contrario – dicen– se convertiría en cómplice al mandatario de los colombianos, del “atentado que organizó Germán Vargas Lleras”.
“Estamos viendo qué hacemos, de momento rompimos relaciones con el Gobierno porque no pueden, de día, sacarse la foto con nosotros, posando de garantías, y de madrugada nos montan la conspiración”, explica Jorge Robledo.
Destaca la importancia de que la Corte tome una decisión rápidamente ya que esta podría conocerse cuando ya se haya cerrado el plazo para la inscripción de cédulas el próximo 22 de mayo.
A pesar de esta adversidad que perciben los miembros del Polo, Robledo dice que son optimistas por los resultados que esperan obtener en las elecciones regionales del 30 de octubre.
“Pienso que por lo menos mantenemos la votación. Estamos en una situación difícil, un partido como el nuestro contra todo el país”, concluye el senador Robledo.
Razones para el rechazo
Entre las razones que argumenta el Polo para rechazar la medida, menciona algunas el columnista Eduardo Posada a quien cita el senador Robledo, y es que serían sus militantes, principalmente, quienes quedarían por fuera del censo, ya que las directivas llamaron al abstencionismo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Otro motivo es que con esa iniciativa se castigaría a los abstencionistas, sin tener en cuenta que el voto es voluntario y no obligatorio.
Además, al reducir a la mitad el censo electoral, que pasaría de 30 millones a 15 millones aproximadamente, bajaría el umbral (25% sobre 30 millones, con la depuración se mete un referendo con 4 millones) para la validez de cualquier referendo, lo que facilitaría una posible intención de abuso de poder. “¿Qué será lo que quieren aprobar con ese ‘censo de bolsillo’?”, pregunta Robledo.
Un punto importante es que el mismo Registrador Nacional advirtió que no cuenta con los recursos para el proceso de inscripción de la cantidad de ciudadanos que quedarían por fuera.
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