El despojo supera las 200 mil hectáreas, según la Superintendencia de Notariado y Registro.
De la nada, 12 fincas en el Meta multiplicaron sustancialmente su extensión: 'La Frontera', una de ellas, pasó de 20 mil a 38 mil hectáreas con una declaración extrajuicio ante un juzgado de San Martín. En Mapiripán, 25 predios que tenían protección especial del Estado y que no podían ser negociados cambiaron de manos varias veces sin problema alguno. Y al menos dos registros de adjudicaciones del Incoder tienen corrector en la parte del beneficiario.
Así se hizo la feria con tierras de desplazados y del Estado en los Llanos Orientales, denunciada el miércoles por el presidente Juan Manuel Santos. El saqueo es mayor que el inicialmente calculado: no son solo 187 mil hectáreas sino al menos 211 mil hectáreas, casi todas de baldíos, según el último informe de la Superintendencia de Notariado y Registro.
Al igual que en los Montes de María, la Superintendencia pidió investigar a las autoridades locales que ordenaron el levantamiento de medidas de protección de tierras de desplazados para que pudieran entrar en el mercado.
El caso más grave es el de Mapiripán, donde la alcaldesa, Maribel Mahecha, autorizó decenas de negociaciones con bienes, según la Súper, en zona de desplazamiento. Incluso, dos de esas certificaciones, firmadas en el 2009, fueron expedidas después de la venta del predio.
Por casos como estos, en otras zonas del país, ya fueron llamados a interrogatorio los alcaldes de Zambrano, San Juan Nepomuceno y San Jacinto (Bolívar).
La Superintendencia también revisa compras masivas de tierras realizadas por las empresas Inversiones Eternas CIA S en C, que adquirió 128 hectáreas en Fuente de Oro; la Sociedad Agropecuaria Villa Diana Ltda., con 4.655 hectáreas en Mapiripán; y el particular Rito Camacho Becerra (2.189 hectáreas).
Aparentemente compraron tierras adjudicadas a familias en reforma agraria y que, por lo tanto, no podían venderse sino después de 15 años.
La Súper también encontró irregularidades en el Incora y el Incoder, que adjudicaron 48 predios con fotocopias. Y en la oficina de Registro de San Martín, sin demostrar propiedad sobre los bienes, once hacendados pudieron vender las mejoras de 23 mil hectáreas.
"En Meta el despojo fue sobre todo jurídico. No fue tan común contra desplazados, como en otras regiones. Esto facilita la labor, porque acá se trata de comenzar a revocar trámites", dijo el Superintendente, Jorge Enrique Vélez.
Lupa a gente de 'Cuchillo'
Denuncian robo de dos fincas con 6 mil hectáreas
Arcesio Plazas y su esposa compraron en el 2004 dos predios en San Martín y Mapiripán. Con falsas firmas y documentos de compraventa irregulares, trámites en los que habría colaborado un sobrino de ellos, esas fincas fueron vendidas. Pese a que se pidió protección para Los Esteros y Las Guacamayas, los predios terminaron en manos de los que ellos señalan como testaferros de Pedro Oliverio, 'Cuchillo'.
La Superintendencia reveló que, en el caso de Los Esteros, la finca fue comprada y luego vendida por José Leopoldo Olaya. Él aparece en un caso de extinción de dominio a las Auc del Meta como titular de una cuenta.
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