En esa población, jurisdicción del corregimiento San Isidro, hay carencia de alimentos, vivienda, educación, asistencia sanitaria y agua potable.
La condición de pobreza extrema en que viven las 32 familias que allí habitan, en su mayoría desplazadas y resistentes de la violencia, es el resultado de la exclusión social o marginación de los gobiernos municipales.
Todos los habitantes son desempleados y los pocos recursos que reciben se derivan de la agricultura, labor en la que predomina un modelo feudal.
Debido a que la tenencia de la tierra se concentra en unos pocos, los labriegos deben arrendar terrenos para cultivar.
El alquiler de un cuarterón de tierra, tiene un valor de 300 mil pesos anuales, pero la escasa producción no le genera rentabilidad a los campesinos, situación que los obliga a entregar su trabajo a los arrendatarios, quedándose solo con algunos víveres para el autoconsumo.
Sin servicios
Carlos Paredes Carmona, habitantes de Arroyo de Arena, está cansado de pagar servicios públicos domiciliarios que no recibe, pero que sí le facturan en el recibo de la energía.
“Desde 2006 nos cobran alumbrado público y desde 2009 recolección de basuras, pero en la vereda no hay una sola lámpara y tampoco llega el camión que recoge los desechos”, comenta Paredes.
Él dice que no es justo que a una población tan pobre la estén engañando y endeudando con cosas de las cuales no goza.
En el lugar tampoco hay agua potable. Los moradores recogen agua de una represa, que no es apta para beber, ya que tiene un mal sabor.
“Creemos que sabe así porque allí caen los químicos o fertilizantes que utilizan para labrar la tierra”, expresa el campesino.
La escuela
La Institución Educativa María Inmaculada, sede Arroyo de Arena, afronta muchos problemas que la hacen vulnerable.
La calle de acceso se transformó en una “pista” de lodo, en la que “patinan” cientos de estudiantes que tratan de llegar lo menos embarrados posible al salón de clases.
Pero adicional a ese inconveniente, enfrentan uno peor: la sede escolar está sobre un barranco que es atravesado por los arroyos Arena y Alférez, que son una amenaza en temporada de invierno, pues se desbordan sobre el patio y además socavan el terreno, lo que ocasiona deslizamientos de tierra. Esto es un claro peligro para la integridad física de los alumnos.
La situación ha sido informada a las autoridades locales, pero nada se puede hacer, toda vez que los predios donde funciona el plantel no están legalizados.
“Hasta que no estén formalizados, no será posible que el Estado invierta. Por eso le pedimos a la Secretaría de Educación Departamental que nos ayude con esa diligencia, pues los dueños de los terrenos (Marcelino Barrios y Felipe Simanca) están dispuestos a colaborar”, manifiesta Eduardo Simanca Torres, secretario de la Asociación de Padres de Familia.
Por otro lado, los padres se quejan de la alimentación que ofrece el contratista del Bienestar Familiar, al que acusan de no entregar los desayunos completos.
“Lo que dan es un refrigerio reforzado y el almuerzo no lo ofrecen. No entendemos por qué en El Carmen, donde las condiciones sociales son mejores, entregan todo completo y acá solo migajas”, refiere Simanca.
La comunidad también hizo referencia al caso de un joven de 14 años que tiene un peso de 32 kilos, quien no recibe ayuda médica porque sus padres no tienen dinero para llevarlo a una clínica.
“En la vereda no hay puesto de salud. Así como el caso de este niño, hay otros menores desnutridos, que no rinden en la escuela”, relata Carlos Paredes.
Marginados
Arroyo de Piedra está tan olvidado que la presencia del Estado es casi nula. La población tiene un sinnúmero de necesidades por satisfacer, que deben ser atendidas para evitar que se recrudezca la miseria.
Todas las calles, excepto la vía que comunica a El Carmen con los poblados de la alta montaña, son barrizales que solo se pueden caminar con botas pantaneras.
Los desplazados y resistentes de la violencia dicen que poco o nada han recibido del Gobierno, y que solo los buscan en época de elecciones, para llenarlos de embustes.
Luis Lentino Catalán, otro habitante de la vereda, dice que a las familias vulnerables de su pueblo solo les han dado la asistencia humanitaria, pero la reparación administrativa o económica no la han recibido.
Para los habitantes de Arroyo de Arena, es paradójico que estén tan marginados, estando tan cerca de El Carmen, municipio que ha recobrado un ritmo revitalizante en su economía y seguridad social tras la salida de los grupos armados ilegales.
“Vivimos en la tierra del olvido. Ni siquiera estamos en el mapa de El Carmen de Bolívar. Somos anónimos para muchos, de ahí que nadie nos tenga en cuenta. Estamos segregados socialmente y lo único que nos cubre es la pobreza, que encontró su lecho en Arroyo de Arena”, concluye el jornalero Carlos Paredes Carmona.
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