martes, 5 de abril de 2011

Denuncian irregularidades en las CAR de Sucre y Bolívar


Para Oscar Brieva Rodríguez, director de la corporación Autónoma Regional de la Depresión Momposina, Carmomposina, entidad que agrupó tres corporaciones de Sucre y Bolívar por decisión del Gobierno Nacional, el ambiente administrativo que encontró en las extintas entidades no es el mejor.

Ante los distintos órganos de control denunció una serie de irregularidades que van desde giros de cheques a nombre de los mismos funcionarios, hasta el desvío de recursos; el pago de contratos sin el lleno de los requisitos y cuentas por pagar sin tener la disponibilidad presupuestal y la inexistencia de los recursos.

En su denuncia presentada a la Contraloría General de la Nación, Brieva Rodríguez advierte que en la Corporación Autónoma Regional del Sur de Bolívar (CSB), fueron trasladados “de forma irregular a otras cuentas sin ningún tipo de soporte $346 millones, también giraron $216 millones unas que no corresponden a gastos del Fondo de Compensación Ambiental”.

Lo anterior quiere decir —según Brieva— que los recursos que enviaba el Fondo de Compensación Ambiental (FCA), era invertido en otros menesteres.

Igualmente dijo que se realizaron otros pagos sin soporte por valor de $759 millones.

En la actualidad pesan sobre las cuentas del FCA, en una sede bancaria de Magangué, embargos por $195 millones y los recursos de cajas no se encuentran disponibles. La cifra corresponde a los cheques que fueron girados a nombre del anterior director de la CSB, Antonio Mercado, sin tener en cuenta que nos existen los soportes legales ni presupuestales que evidencien compromiso alguno de la entidad.

La denuncia de Brieva Rodríguez, cuya copia fue remitida a la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación, establece además que tras realizar contactos con varios contratistas que aparecen como destinatarios de varios pagos, aseguran que nunca recibieron esos recursos.

El caso que más llama la atención es el que aparece a nombre de la Asociación Agrícola de San Martín de Loba, cuyo representante legal es el señor Arlin José Guevara Mejía, quien negó haber recibido un pago por valor de $135 millones que aparece registrado en los bancos y en los libros contables de la CSB.

Hay otros contratistas, como el señor Alexis Turizo, quien firmó un contrato por valor superior a los $600 millones en el mes de agosto de 2010 y, a pesar que el FCA giró el 75 por ciento de los recursos, hasta el momento no ha recibido ningún tipo de anticipo.

A última hora se conoció que los empleados de la extinta CSB enviaron una carta al director de Carmomposina, Oscar Brieva, en la que le solicitan les restituya sus cargos argumentando que la Corte tumbó el decreto que acabó con esas corporaciones.

Por Jaime Vides Feria

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