domingo, 16 de octubre de 2011

Ya van detectados 1.600 casos de tierras despojadas en Los Montes de María

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y la Superintendencia de Notariado y Registro, con el apoyo de los organismos de control del Estado, pusieron al descubierto una cadena de irregularidades en la transferencia de tierras en los Montes de María.

Hasta la fecha se han detectado 1.600 casos sobre aproximadamente 40 mil hectáreas y que tienen que ver con infracciones a las normas de protección de tierras por desplazamiento forzado, inobservancia de prohibiciones para la venta de predios objeto de reforma agraria y fraudes en los procesos de transferencia de bienes pertenecientes al Fondo Nacional Agrario.

En la comisión que detectó las irregularidades participaron registradores, notarios, intermediarios, particulares y empresas, así como funcionarios del Incoder, de las alcaldías municipales y de los Comités Territoriales de Atención Integral a la Población Desplazada.

Los hechos están consignados y documentados en “El libro blanco de las irregularidades en la tenencia de la tierra en Colombia”, cuyo primer capítulo fue presentado por el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar; el gerente general del Incoder, Juan Manuel Ospina y el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez.

Según el informe, el Estado ya ha trazado las acciones para remediar estas irregularidades. El problema ya está diagnosticado, y se comenzaron a aplicar los diversos procedimientos administrativos, judiciales, disciplinarios y penales para reversar las anomalías en los Montes de María.

El ministro Juan Camilo Restrepo dijo: “A partir de hoy serán constantes los anuncios de casos resueltos, tierras recuperadas, errores corregidos, judicialización de responsables y restablecimiento de derechos a los afectados”.

Intervención

Entre las acciones del Estado se destaca la intervención a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos de El Carmen de Bolívar y Sincelejo.

La de El Carmen fue intervenida por la Superintendencia entre el 29 de diciembre de 2010 y el 15 de abril de 2011, y la de Sincelejo entre enero y abril del año en curso, con la finalidad de procurar la salvaguarda del archivo de documentos que allí reposan y evitar que se cometieran más irregularidades dentro del proceso registral.

Procesos disciplinarios

18 procesos disciplinarios han sido notificados mediante oficios e involucran a las siguientes notarias:

Notaría Primera de Montería, Notaría Única de Corozal, Notaría Única de El Carmen de Bolívar, Notaría Única de San Juan Nepomuceno, Notaría Única de Tolú, Notaría Unica de Sopetrán, Notaría Única de Cereté, Notaría Única de San Onofre, Notaría Cuarta de Cartagena, Notaría Única de San Jacinto, Notaría Única de Córdoba (Bolívar), Notaría Unica de Ovejas y Notaría Única de Los Palmitos.

Además, las notarías Primera, Segunda y Tercera de Sincelejo, y las notarías Catorce y Veintinueve de Medellín.

Sanciones

En cuanto a los procedimientos registrales que incumplieron las normas legales vigentes para tal fin, la Oficina de Control Interno Disciplinario de la entidad adelantó proceso disciplinario contra la registradora de instrumentos Públicos de El Carmen de Bolívar, Ana Regina Güette Herrera, y 3 funcionarios más de dicha oficina, generando como resultado su destitución y la de sus colaboradores, fallo que actualmente se encuentra debidamente ejecutoriado.

También está en trámite otro proceso disciplinario a la registradora destituida de El Carmen de Bolívar con fundamento en nuevos hechos contenidos en el informe adelantado por el Grupo de Tierras de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Recuperación de tierras

Entre los hallazgos identificados tanto por el Incoder como por la Superintendencia de Notariado y Registro en el diagnóstico de la situación registral de predios rurales en los Montes de María, el Instituto ha iniciado las actuaciones sobre 229 parcelas que abarcan una extensión de 6.065 hectáreas, ubicadas en los municipios de San Jacinto, El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno y El Guamo, con las cuales se pretende dar solución a 229 familias.

Los predios son Loma de Vásquez (San Jacinto), Mala Noche y La Tapa (El Carmen de Bolívar), Las Pelotas (El Carmen de Bolívar), El Encanto (San Jacinto), La Quebrada (San Jacinto), Bajo Arenas (San Juan Nepomuceno), Panamá (San Juan Nepomuceno), Predio Santander (El Carmen de Bolívar), Roma (El Carmen de Bolívar) y Altamira (El Guamo).

El Estado anuncia que llevará a cabo las actuaciones administrativas tendientes a restablecer los derechos a sus legítimos titulares y se devuelvan los predios indebidamente adquiridos.

Posteriormente realizará nuevas adjudicaciones y con ellas espera beneficiar a los campesinos afectados por el conflicto armado.

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