Alejandra Barrios, directora de la MOE
Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral explicó que quienes queden elegidos tendrán la responsabilidad de continuar con este proceso, por eso es fundamental que no haya candidatos corruptos.
“Quienes queden elegidos en los municipios claves de reparación (por ejemplo María la baja, el Peñón, Carmen de Bolívar, San Pablo, Macayepo; en Norte de Santander en Tibú; en Antioquia en San Francisco; en Magdalena en Ciénaga, Chivolo; en Tolima en Cajamarca; en Chocó Bagadó o Yoró) van a ser los responsables de que en el territorio la restitución de tierras pueda ser una realidad. Por eso después de ser elegidos, estos alcaldes y concejos necesitarán un acompañamiento especial por parte de las autoridades”, precisó.El llamado a un contundente acompañamiento de las autoridades a este proceso de reparación lo hace también Bruno Moro, representante residente de las Naciones Unidas en Colombia, quien pidió a los candidatos un sentido de responsabilidad con las víctimas.
Moro explicó que “entre las prioridades que tienen que cumplir los candidatos electos está apoyar la implementación de la ley de víctimas, el proceso de restitución de tierras y de la reforma rural integral que el hecho de que la restitución pueda ser sostenible. Nos preocupa mucho que existan situaciones de amenazas que muchas veces se traducen en hechos, con asesinatos de personas que reclaman sus derechos de reparación”.
Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, aseguró que hay dos temas fundamentales: Primero, seguridad y garantías para las víctimas. Segundo que haya una verdadera atención local a la población.
El director de CODHES aseguró que “en lugares donde hay irregularidades electorales el temor es que puedan resultar elegidas personas que tienen compromisos con grupos que han despojados tierras, pero frente a las elecciones queda muy poco por hacer. El tema de fondo es que el Estado pueda ofrecer una protección efectiva a los líderes y campesinos en los territorios, en zonas donde se ha producido un despojo masivo que es donde hay más resistencia. Por otro lado, ver cómo lograr que cada ente territorial se comprometa con las competencias que le corresponden en la atención a las víctimas”.
Según los expertos, otros retos fundamentales son aumentar la participación de las víctimas, pues no se ha reglamentado un sistema de participación en el proceso. Y uno de los temas más complejos, el reglamento que incluye el paquete de indemnizaciones que propondrá en diciembre el gobierno. Dicen que esperan que la ley se pueda desarrollar sobre los derechos de las víctimas y no sobre la disponibilidad fiscal.
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