El Carmen de Bolívar ya cuenta con protección de tierras

El Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada estableció en el 2008 una ruta de protección colectiva a los predios ubicados en la parte baja de los Montes de María, concretamente en territorio de El Carmen de Bolívar, para proteger la propiedad o la posesión de tierras de las familias víctimas del desplazamiento forzado.

La ruta está conformada por 955 predios que corresponden a 42.167 hectáreas. Para la compra y venta de tierras en esa zona, se debe tener una autorización del Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada, lo que indica que cualquier negociación que se haga sin su beneplácito es inválida.

Roberto Camargo Payares, secretario de Interior de Bolívar, informó que a la fecha se han presentado al Comité unas 216 solicitudes de autorización para la adquisición de terrenos protegidos.

Según el funcionario, se ha decidido sobre la negociación o no de 6.407 hectáreas con 2.500 metros cuadrados, dando así respuesta al 86,3% de las solicitudes presentadas desde 2008 hasta 2011.

Camargo resalta que el Comité, a partir de la fecha en que tomó posesión el gobernador Alberto Bernal Jiménez, de manera dinámica y responsable estableció una serie de reglas para agilizar las respuestas a las solicitudes y a la vez seguir protegiendo los derechos de la población desplazada o en riesgo de ser desarraigadas.

“Antes de nuestra llegada al Gobierno, de las 6.407 hectáreas para las cuales solicitaron autorización, 5.534 recibieron el visto bueno. En cambio, en nuestra administración, las cifras bajaron, pues tan solo se autorizó el 43% de las solicitudes y se rechazó el 57%”, destaca el Secretario.

Lo anterior indica que antes de 2011 se autorizó el 86,3% de la compra y venta de tierras en la parte baja de los Montes de María y con la llegada del gobierno de Bernal se redujo a un 43%, a fin de proteger a las familias vulnerables.

De igual forma es inexorable el compromiso de la Administración departamental que ha logrado impedir la venta de 877 hectáreas estimadas en  1.193 millones de pesos, en su mayoría a compradores masivos de tierras en esta zona tan agobiada por fenómenos del desplazamiento forzado en el pasado.

“Nuestro objetivo es que en vísperas de la entrada en vigor de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras podamos favorecer a las familias desplazadas o en riesgo de desplazamiento, buscando al máximo la reposición de estos predios despojados por grupos al margen de la ley y compradores masivos a precios irrisorios”, concluye Camargo Payares.