La reconstrucción de El Salado, en los Montes de María, liderada por una alianza público-privada, va viento en popa y puede convertirse en un modelo mundial de reparación. Esto, solo si el Estado ayuda con la carretera.
El Salado tiene un nuevo rostro. Este corregimiento de Carmen de Bolívar, que quedó abandonado después de que en 2000 los paramilitares cometieron una de las peores masacres del país, ha empezado a levantarse de nuevo, de entre sus propias ruinas.
Hace dos años, la situación de este caserío era de extrema pobreza. Todo lo que sus pobladores tuvieron en el pasado estaba derruido: la tierra cubierta por maleza; las casas destruidas, la infraestructura básica acabada. Desde 2002, la gente empezó a retornar, esperanzada en recibir apoyo para que su pueblo volviera a renacer. Pero el reto era monumental. Por eso, desde septiembre de 2009, una alianza de 63 empresas públicas y privadas lideradas por la Fundación Semana está trabajando con esta comunidad en un plan para que en cinco años este pueblo de los Montes de María sea un lugar digno para sus habitantes actuales y para que permanezcan en él las nuevas generaciones.
Se trata de una experiencia social única en el país, que está siendo observada con atención por organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por el propio gobierno como un modelo para aplicar en otras regiones. Lo más interesante ha sido la colaboración de la empresa privada, que gracias a su aporte y nivel técnico ha estimulado la acción del Estado. Todo ello con un fuerte protagonismo de la comunidad, organizada en cinco mesas de trabajo, de acuerdo a las áreas de desarrollo propuestas: infraestructura, salud, economía, educación y cultura.
El proceso va a mitad de camino y muestra tanto las virtudes de un esquema colaborativo, como las inmensas dificultades que están afrontando las poblaciones que esperan ser reparadas, en un proceso que desde ya se muestra más complejo de lo que se piensa.
Los logros de la intervención de esta alianza en El Salado ya empiezan a ser tangibles. Para empezar, se espera que en febrero esté lista la Casa del Pueblo, un proyecto arquitectónico diseñado por Simon Hosie e inspirado en la vida cotidiana de los saladeros. La propia comunidad señaló este proyecto como prioritario, pues alrededor de esta casa transcurrirá toda la vida cultural de los saladeros. Ya se levantó el edificio principal: una biblioteca que hoy cuenta con una donación de 5.000 libros, y tres ranchos para el trabajo cultural y el esparcimiento, alrededor de los cuales hay grupos de mujeres tejedoras, artesanos, músicos y otros artistas.
Este año El Salado se convirtió en el único pueblo de la región que tiene un alcantarillado (ni siquiera la cabecera municipal lo tiene). Este proyecto también incluye una planta de tratamiento y toda una intervención sanitaria pública que realmente ha cambiado la vida para muchos. Lo mismo ha ocurrido con las viviendas, algunas de las cuales estaban literalmente en el piso. Por lo menos la mitad de ellas han sido intervenidas, y mejorados especialmente baños y cocinas. Hace dos años, el 40 por ciento de las familias vivían en hacinamiento crítico. Eso ha mejorado hoy, pero todavía falta mayor apoyo en esta materia.
En salud y educación los logros están a la vista. Después de luchar durante más de un año para que se nombrara a un médico, hoy El Salado tiene no solo un centro de salud bien dotado, sino una ambulancia, médico, odontólogo y enfermera permanentes. Hace dos años, por ejemplo, apenas el 25 por ciento de los niños estaban vacunados; hoy lo está el 100 por ciento.
Los niños se han convertido en una prioridad para la alianza, dado que cuando las instituciones llegaron encontraron que la mitad de los menores de 5 años estaban desnutridos, y por lo menos un 20 por ciento de ellos no iban a la escuela. Por eso uno de los proyectos que más impacto están teniendo se llama Aeio… tú. Se trata de un centro de atención para la primera infancia, donde los niños reciben educación inicial de calidad y alimentos suficientes para garantizar su crecimiento y desarrollo. Este programa es apoyado por la Presidencia y la empresa privada y tendrá un gran impacto en el largo plazo en la vida de cada uno de estos menores.
Uno de los peores problemas que persisten, sin embargo, para las familias que han retornado son los ingresos. En un censo que se hizo en 2009 se estableció que el 95 por ciento de las familias de El Salado vivían con menos de 200.000 pesos. Es decir, estaban en la pobreza absoluta. Eso, por supuesto, tiene que ver especialmente con la falta de acceso a la tierra, al crédito, al mercado y a todo lo que signifique productividad.
En este tema se ha mejorado mucho, pero también hay grandes obstáculos. El 8 de julio pasado, el presidente Juan Manuel Santos estuvo en El Salado entregándoles títulos a 63 campesinos que a través de una asociación ganaron una convocatoria del Incoder. La adjudicación fue un logro después de un complicado proceso de concurso en el que estas familias contaron con el apoyo técnico de la OIM y de la Fundación Semana. Cuando este proyecto de casi 300 hectáreas esté en pleno funcionamiento, en cinco años, cada familia deberá tener ingresos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos. El problema es que hace ya seis meses que los títulos fueron entregados y hasta ahora la kafkiana burocracia del Estado ha hecho imposible que entre en funcionamiento porque no se han firmado las escrituras. Esto es preocupante pues Santos anunció que El Salado sería un sitio piloto para la reparación a las víctimas, y si ese es el ritmo que tendrá la acción del gobierno, la gente puede perder la fe en este proceso.
Pero el tema de la tierra es todavía más complejo. En El Salado, el 47 por ciento de las personas trabajan en tierra prestada; el 13 por ciento, en arrendada y solo el 17 por ciento, en tierra propia. Muchos esperan que la restitución cambie esta situación. Y que los créditos y la asistencia técnica lleguen por fin. Entre tanto, hay varios proyectos de la alianza que están teniendo incipiente éxito. Se está trabajando para estimular la agricultura entre un grupo de más de 30 jóvenes, quienes además de sembrar alimentos en 100 hectáreas de tierra, también trabajan en apicultura. Se están recuperando tierras para sembrar maíz y ajonjolí con objetivo comercial, se ha reactivado la siembra de tabaco, que es el producto tradicional allí, y hay otras iniciativas menores, como la cría de cerdos, las tiendas y los pequeños negocios, que han elevado los ingresos de las familias.
Pero el tema que más preocupa a la alianza liderada por Fundación Semana es la carretera, que es la columna vertebral de la economía del pueblo. En El Salado, como en la mayoría de las zonas rurales del país, las lluvias convierten el camino en un lodazal que deja literalmente incomunicada a la población. Y eso que son apenas 19 kilómetros los que separan al caserío de la troncal de la costa. En el pasado, Acción Social reparó una parte de ella, y actualmente el Ministerio de Transporte destinó 1.500 millones para su arreglo definitivo. Pero, inexplicablemente, los problemas siguen. La comunidad culpa a una empresa exploradora de petrolero y gas, cuya maquinaria pesada transita por la vía, y la destroza aún más.
Este es el mayor cuello de botella que tiene hoy el desarrollo de El Salado y la pregunta que muchos se hacen es si la locomotora minera va a entrar en conflicto con otros planes del gobierno, como es la reparación a las víctimas.
No obstante, detrás de todas estas actividades y obras, que suman más de cien iniciativas, hay un logro intangible y es que se han recuperado la confianza, el liderazgo y la organización social en este territorio. Sin embargo, las expectativas que han generado la Ley de Víctimas y el propio gobierno son muy altas. Aunque sin duda El Salado es uno de los lugares que mayor atención han recibido, la actividad del Estado en muchas áreas es demasiado lenta. Quizá porque las necesidades son demasiadas y en todos los frentes.
El Salado está demostrando que con un modelo de trabajo conjunto y con buena planeación se puede reconstruir mucho de lo? que los grupos armados destruyeron durante el conflicto. Y que así se teje la reconciliación. Pero el proceso apenas está en la mitad del camino y los desafíos hacia adelante son muy grandes.
Hace dos años, la situación de este caserío era de extrema pobreza. Todo lo que sus pobladores tuvieron en el pasado estaba derruido: la tierra cubierta por maleza; las casas destruidas, la infraestructura básica acabada. Desde 2002, la gente empezó a retornar, esperanzada en recibir apoyo para que su pueblo volviera a renacer. Pero el reto era monumental. Por eso, desde septiembre de 2009, una alianza de 63 empresas públicas y privadas lideradas por la Fundación Semana está trabajando con esta comunidad en un plan para que en cinco años este pueblo de los Montes de María sea un lugar digno para sus habitantes actuales y para que permanezcan en él las nuevas generaciones.
Se trata de una experiencia social única en el país, que está siendo observada con atención por organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por el propio gobierno como un modelo para aplicar en otras regiones. Lo más interesante ha sido la colaboración de la empresa privada, que gracias a su aporte y nivel técnico ha estimulado la acción del Estado. Todo ello con un fuerte protagonismo de la comunidad, organizada en cinco mesas de trabajo, de acuerdo a las áreas de desarrollo propuestas: infraestructura, salud, economía, educación y cultura.
El proceso va a mitad de camino y muestra tanto las virtudes de un esquema colaborativo, como las inmensas dificultades que están afrontando las poblaciones que esperan ser reparadas, en un proceso que desde ya se muestra más complejo de lo que se piensa.
Los logros de la intervención de esta alianza en El Salado ya empiezan a ser tangibles. Para empezar, se espera que en febrero esté lista la Casa del Pueblo, un proyecto arquitectónico diseñado por Simon Hosie e inspirado en la vida cotidiana de los saladeros. La propia comunidad señaló este proyecto como prioritario, pues alrededor de esta casa transcurrirá toda la vida cultural de los saladeros. Ya se levantó el edificio principal: una biblioteca que hoy cuenta con una donación de 5.000 libros, y tres ranchos para el trabajo cultural y el esparcimiento, alrededor de los cuales hay grupos de mujeres tejedoras, artesanos, músicos y otros artistas.
Este año El Salado se convirtió en el único pueblo de la región que tiene un alcantarillado (ni siquiera la cabecera municipal lo tiene). Este proyecto también incluye una planta de tratamiento y toda una intervención sanitaria pública que realmente ha cambiado la vida para muchos. Lo mismo ha ocurrido con las viviendas, algunas de las cuales estaban literalmente en el piso. Por lo menos la mitad de ellas han sido intervenidas, y mejorados especialmente baños y cocinas. Hace dos años, el 40 por ciento de las familias vivían en hacinamiento crítico. Eso ha mejorado hoy, pero todavía falta mayor apoyo en esta materia.
En salud y educación los logros están a la vista. Después de luchar durante más de un año para que se nombrara a un médico, hoy El Salado tiene no solo un centro de salud bien dotado, sino una ambulancia, médico, odontólogo y enfermera permanentes. Hace dos años, por ejemplo, apenas el 25 por ciento de los niños estaban vacunados; hoy lo está el 100 por ciento.
Los niños se han convertido en una prioridad para la alianza, dado que cuando las instituciones llegaron encontraron que la mitad de los menores de 5 años estaban desnutridos, y por lo menos un 20 por ciento de ellos no iban a la escuela. Por eso uno de los proyectos que más impacto están teniendo se llama Aeio… tú. Se trata de un centro de atención para la primera infancia, donde los niños reciben educación inicial de calidad y alimentos suficientes para garantizar su crecimiento y desarrollo. Este programa es apoyado por la Presidencia y la empresa privada y tendrá un gran impacto en el largo plazo en la vida de cada uno de estos menores.
Uno de los peores problemas que persisten, sin embargo, para las familias que han retornado son los ingresos. En un censo que se hizo en 2009 se estableció que el 95 por ciento de las familias de El Salado vivían con menos de 200.000 pesos. Es decir, estaban en la pobreza absoluta. Eso, por supuesto, tiene que ver especialmente con la falta de acceso a la tierra, al crédito, al mercado y a todo lo que signifique productividad.
En este tema se ha mejorado mucho, pero también hay grandes obstáculos. El 8 de julio pasado, el presidente Juan Manuel Santos estuvo en El Salado entregándoles títulos a 63 campesinos que a través de una asociación ganaron una convocatoria del Incoder. La adjudicación fue un logro después de un complicado proceso de concurso en el que estas familias contaron con el apoyo técnico de la OIM y de la Fundación Semana. Cuando este proyecto de casi 300 hectáreas esté en pleno funcionamiento, en cinco años, cada familia deberá tener ingresos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos. El problema es que hace ya seis meses que los títulos fueron entregados y hasta ahora la kafkiana burocracia del Estado ha hecho imposible que entre en funcionamiento porque no se han firmado las escrituras. Esto es preocupante pues Santos anunció que El Salado sería un sitio piloto para la reparación a las víctimas, y si ese es el ritmo que tendrá la acción del gobierno, la gente puede perder la fe en este proceso.
Pero el tema de la tierra es todavía más complejo. En El Salado, el 47 por ciento de las personas trabajan en tierra prestada; el 13 por ciento, en arrendada y solo el 17 por ciento, en tierra propia. Muchos esperan que la restitución cambie esta situación. Y que los créditos y la asistencia técnica lleguen por fin. Entre tanto, hay varios proyectos de la alianza que están teniendo incipiente éxito. Se está trabajando para estimular la agricultura entre un grupo de más de 30 jóvenes, quienes además de sembrar alimentos en 100 hectáreas de tierra, también trabajan en apicultura. Se están recuperando tierras para sembrar maíz y ajonjolí con objetivo comercial, se ha reactivado la siembra de tabaco, que es el producto tradicional allí, y hay otras iniciativas menores, como la cría de cerdos, las tiendas y los pequeños negocios, que han elevado los ingresos de las familias.
Pero el tema que más preocupa a la alianza liderada por Fundación Semana es la carretera, que es la columna vertebral de la economía del pueblo. En El Salado, como en la mayoría de las zonas rurales del país, las lluvias convierten el camino en un lodazal que deja literalmente incomunicada a la población. Y eso que son apenas 19 kilómetros los que separan al caserío de la troncal de la costa. En el pasado, Acción Social reparó una parte de ella, y actualmente el Ministerio de Transporte destinó 1.500 millones para su arreglo definitivo. Pero, inexplicablemente, los problemas siguen. La comunidad culpa a una empresa exploradora de petrolero y gas, cuya maquinaria pesada transita por la vía, y la destroza aún más.
Este es el mayor cuello de botella que tiene hoy el desarrollo de El Salado y la pregunta que muchos se hacen es si la locomotora minera va a entrar en conflicto con otros planes del gobierno, como es la reparación a las víctimas.
No obstante, detrás de todas estas actividades y obras, que suman más de cien iniciativas, hay un logro intangible y es que se han recuperado la confianza, el liderazgo y la organización social en este territorio. Sin embargo, las expectativas que han generado la Ley de Víctimas y el propio gobierno son muy altas. Aunque sin duda El Salado es uno de los lugares que mayor atención han recibido, la actividad del Estado en muchas áreas es demasiado lenta. Quizá porque las necesidades son demasiadas y en todos los frentes.
El Salado está demostrando que con un modelo de trabajo conjunto y con buena planeación se puede reconstruir mucho de lo? que los grupos armados destruyeron durante el conflicto. Y que así se teje la reconciliación. Pero el proceso apenas está en la mitad del camino y los desafíos hacia adelante son muy grandes.
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