GERMÁN GÓMEZ POLO
El abogado defensor hizo una breve reseña histórica sobre los Montes de María -en periodos de extrema violencia por parte de los grupos armados- y cuestionó al Estado preguntando qué acciones se habían tomado en ese momento (2003 – 2007) a favor de la población desplazada. Añadió que los desplazados por la masacre de El Salado, aún no habían regresado en su totalidad.
Según la versión de la defensa, Ana Regina Güete Herrera tuvo conocimiento de la investigación que se estaba realizando por un reporte del diario El Tiempo, el 22 de mayo de 2011, y que meses después fue citada a interrogatorio por parte de la Fiscalía.
La investigada envió una misiva a la fiscal del caso, Gloria Isabel Mamanché, para que facilitara copia del material para preparar la defensa. La defensa declaró que si hubiesen tenido acceso a ese material “no estuviésemos en esta condición, ni se hubiesen imputado cargos” y no considera viable la medida de aseguramiento porque señala que a la exregistradora se le violó el debido proceso. De igual manera, solicitó un interrogatorio a su defendida.
La fiscal argumentó que el interrogatorio ya había sido realizado en la Fiscalía. “Precisamente para eso se hicieron las etapas procesales”, añadió. La acusada desistió del interrogatorio.
Jaime Alberto Rodelo, abogado defensor del notario único del circuito de San Jacinto, Alberto Jacinto Vásquez Vásquez, declaró -refiriéndose a su defendido- que "el ejercicio notarial ha sido claro, cristalino y competente de acuerdo a la legislaciones establecidas en el estatuto notarial". Durante el turno de defensa del notario Vásquez Vásquez, este le subió un poco el tono a la audiencia. Se defendió afirmando que “no he intentando en lo mínimo agredir la norma… se me ha pretendido y se ha transforrmado el esquema… se me está diciendo que yo soy responsable de falsedades no cometidas en mi despacho. Si hay falsedades, son de otro".
Por su parte, Gabriel Eduardo Sánchez Gómez, abogado defensor de Oswaldo Paredes, notario único de San Juan Nepomuceno, señaló que la fiscal empezó la motivación a la petición de medida de aseguramiento con la pretensión de acusar al funcionario de falsedad ideológica en documento público y, según el abogado, "eso ha causa una cierta contrariedad a la defensa porque es un delito que no fue imputado".
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