sábado, 8 de octubre de 2011

Mejor calidad en la educación, piden los maestros de El Carmen de Bolívar al gobierno


Docentes de las instituciones educativas oficiales de El Carmen de Bolívar marcharon ayer por las principales calles del municipio, por la defensa de la educación pública.

En la caminata, los profesores se expresaron con arengas y proclamas para exigir al Gobierno Nacional que no atropelle la educación de los colombianos pobres.

La protesta pacífica, que se inició en el parque principal, recorrió el pueblo por al menos 2 horas y en ella participaron alrededor de 100 educadores.

A juicio de Bertonel Montes, docente y miembro del Sindicato Unido de Educadores de Bolívar (SUDEB), la marcha es para rechazar la estratificación de la educación en Colombia, y a su vez defender el régimen especial del Magisterio.

“También es una muestra de nuestro inconformismo contra el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que cursa trámite en el parlamento de ese país, pues consideramos que es desigual para el sector agrícola, sin lugar a dudas el menos favorecido en ese acuerdo comercial”, comentó Montes.

Otro manifestante dijo que la marcha es para demostrarle al Gobierno del presidente Santos, que la educación pública está viva.

“No estamos de acuerdo con los abusos que están cometiendo con la educación de nuestros hijos y estudiantes”, asintió.

El gremio ventiló que hay muchas rupturas en cuanto a la prestación de los servicios para los educadores, que están enmarcados en los estatutos docentes 2277 y 1268, los cuales se establecen sus condiciones laborales.

“Nosotros no podemos permitir que nos quiten el servicio especial de salud porque somos seres humanos y tenemos los mismos derechos que los demás trabajadores del país, tal como lo establece nuestra carta magna”, precisó Bertonel Montes.

Los embargos

Según el docente, otro problema que tiene sometida a la educación, especialmente la de El Carmen de Bolívar, son los embargos que pesan sobre los recursos de Calidad Educativa, los cuales han sido dilapidados por abogados y jueces de la República.

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