En cercanías del corregimiento de Palenque, fueron liberados el ganadero, el comerciante y el capataz de una finca en zona rural del municipio de Mahates, en los Montes de María.
Hasta el momento se desconoce si la liberación de estos tres secuestrados se dio por el pago de alguna exigencia económica o por la presión de las autoridades en la zona.
Salomón Salas es el yerno del ganadero Policarpo Agámez, quien confirmó la noticia.
Las tres personas fueron secuestradas ayer por desconocidos fuertemente armados que los bajaron del vehículo en el que se movilizaban.
Los liberados fueron identificados como Policarpo Agámez, de 75 años de edad, ganadero y dueño de la finca ‘Piedra Boba’; Rubén Orozco, de 47 años, capataz y el comerciante Edgar Martelo, de 43, quien los acompañaba al momento del plagio.
El secuestro se llevó a cabo en zona cercana y jurisdicción del Comando de Fusileros de la Infantería de Marina, acantonado en inmediaciones del municipio de Malagana.
De igual forma fue ofrecida una recompensa de 50 millones de pesos para quien suministrara información que permitiera dar con el paradero de estas tres personas.
miércoles, 29 de febrero de 2012
Denuncian otro millonario despilfarro en acueducto de El Carmen de Bolívar
Por: Abraham Saker W.
El Comité Cívico Pro acueducto y alcantarillado del Carmen de Bolívar, denuncia que entre los años 2006 y el 2011, se realizó un inversión de 16 mil millones de pesos en las obras de acueducto de este municipio de los Montes de María, que fueron mal planificadas y por las tuberías en lugar de agua, lo único que sale es aire.
Según Hugo Rivero, vocero del comité, por la falta de previsión las familias carmeras, deben seguir viviendo la historia de siempre por carencia de agua, gastando gran parte de su presupuesto en pimpinas o tanques con el preciado líquido a un costo de 25 mil pesos cada una.
“Todas las cosas se han hecho de una manera errada, no se le da continuidad a los procesos, cada alcalde llega con un acueducto diferente”, aseguró el veedor.
Por su parte la gerente de Acuecar, Victoria Rosa López Colón, Agente especial interventor de la Superintendencia de Servicios Públicos, señaló que las obras del acueducto del Carmen de Bolívar, intervenido desde el 2008, se están ejecutando cumpliendo con todas las especificaciones técnicas.
“Se construyeron los tanques, se hizo la rehabilitación de los pozos pequeños y las obras se están ejecutando de acuerdo a la programación del Gobierno nacional”, señaló la funcionaria de la Superintendencia de Servicios Públicos.
La Agente Interventora, aseguró que de no presentarse situaciones adversas el acueducto, comenzará a operar con una cobertura del 30 por ciento e n diciembre de este año.
“Todas las cosas se han hecho de una manera errada, no se le da continuidad a los procesos, cada alcalde llega con un acueducto diferente”, aseguró el veedor.
Por su parte la gerente de Acuecar, Victoria Rosa López Colón, Agente especial interventor de la Superintendencia de Servicios Públicos, señaló que las obras del acueducto del Carmen de Bolívar, intervenido desde el 2008, se están ejecutando cumpliendo con todas las especificaciones técnicas.
“Se construyeron los tanques, se hizo la rehabilitación de los pozos pequeños y las obras se están ejecutando de acuerdo a la programación del Gobierno nacional”, señaló la funcionaria de la Superintendencia de Servicios Públicos.
La Agente Interventora, aseguró que de no presentarse situaciones adversas el acueducto, comenzará a operar con una cobertura del 30 por ciento e n diciembre de este año.
Y... empezaron nerviosos los reclamos de tierras
Un campesino espera la apertura de una oficina gubernamental para la restitución de tierras a las víctimas del conflicto colombiano, en El Carmen de Bolívar, en la región de Montes de María (norte), el 24 de febrero de 2012.
Las huellas de la barbarie paramilitar siguen frescas en la región colombiana de Montes de María, pero los desplazados contienen el miedo y están dispuestos a retornar a sus tierras si se les garantiza un mínimo de seguridad. Desconfiados de las autoridades locales, los campesinos de Montes de María (norte) llevan semanas organizándose para el largo e incierto proceso de reclamación de sus terrenos a través de la nueva Ley de Restitución de Tierras.
En esta deprimida región, utilizada por el narcotráfico como vía de acceso al Caribe, la pesadilla del despojo parece no concluir, pese a que hace un lustro que las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se desmovilizaron formalmente tras un atroz historial con decenas de masacres.
"En diciembre, la misma mujer que hace cinco años me vendió un pequeño terreno volvió para expulsarme, acompañada del jefe de una banda armada. He puesto varias denuncias pero la finca sigue ocupada", relató el viernes a la AFP el agricultor Ronald Castilla, a la salida de una reunión de víctimas en El Carmen de Bolívar, uno de los 15 municipios que integran Montes de María.
"Yo quiero la tierra, quiero trabajarla. Es lo único que tengo para mí y para mis hijos", dice Castilla, quien presentará su demanda ante el programa del gobierno que busca devolver casi dos millones de hectáreas a unas 350.000 familias despojadas en los últimos 20 años.
Como tantos otros, el agricultor ya conoció el desplazamiento a inicios de la pasada década, época en que pueblos como El Carmen de Bolívar se vaciaron casi por completo, por la campaña de terror que los paramilitares emprendieron en muchos puntos de Colombia para expulsar a las guerrillas comunistas.
En esta pugna, el control de territorios -y por ende, de las poblaciones civiles- se convirtió en un objetivo militar.
Después de masacres como la del 2000 en El Salado, cuando un escuadrón paramilitar asesinó a por lo menos 60 personas en esta zona rural de El Carmen, se daba aviso al resto de pobladores para que se marcharan en menos de 24 horas.
Decenas de miles de personas abandonaron sus terrenos y se fueron a malvivir a ciudades cercanas.
Nery Orlando llegó en 2001 a la costera Cartagena, a unos 110 km al sur de El Carmen, pero siempre con la esperanza de recuperar la parcela en la que plantaba maíz y yuca, lo cual intentará retomar con la denuncia que interpuso hace un mes.
"He regresado a la finca en alguna ocasión y los vecinos me han dicho que las personas que la ocuparon no han invertido nada porque creen que se la pueden quitar", dice Orlando a la AFP.
De todas formas, prosigue, "no estamos seguros de que el Estado nos pueda garantizar la vida allí".
No solo los paramilitares se aprovecharon de esta huida masiva. Otros oportunistas se hicieron con terrenos cuya propiedad no estaba claramente definida. También convencieron a desplazados propietarios de que su única opción era vender las parcelas aunque fuera a precios irrisorios.
El conflicto que enfrenta al Estado contra las guerrillas comunistas desde hace casi medio siglo ha sido alimentado por el histórico atraso e inestabilidad rural, con cuatro de cada 10 predios sin una propiedad definida.
El resultado de todo ello es un rompecabezas que el gobierno pretende recomponer con la inédita ley de restitución, promulgada el año pasado y que entró en vigor el 1 de enero.
El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, al mando de la aplicación, advierte que se perseguirá a todas las empresas que adquirieron tierras en zonas donde no estaba permitido por su conflictividad, como Montes de María, y asegura que esta ley es un asunto de justicia con los campesinos colombianos que no tiene marcha atrás.
"El campo colombiano es un tercio más pobre que el promedio nacional (...) Nuestro propósito es que haya un mejor vivir y unas condiciones de promoción social más dignas para la gente del campo", recalcó el ministro el viernes durante la apertura de la oficina para la recepción de demandas en El Carmen.
Restrepo reconoce los riesgos que entraña el proceso -ocho líderes de los reclamantes fueron asesinados el año pasado- pero pide confianza en el compromiso y capacidad del gobierno para garantizar esta histórica tarea.
Sobre el terreno, Ronald Castilla está dispuesto a dar el paso pero teme que no sea más que un nuevo capítulo de la desgracia de los desplazados. "Los que nos despojaron tienen mucha plata", expone. "Y si tienen que pasar por encima nuestro como una aplanadora, lo volverán a hacer sin escrúpulos", advierte
Secretaría de Hacienda Departamental estará en El Carmen de Bolívar
La Secretaria de Hacienda Departamental se traslada a los municipios de El Carmen de Bolívar, Magangué y Mompox con el fin de seguir con la campaña de sensibilización depago del impuesto vehicular, que se inició en Cartagena y que hasta la fecha ha recaudado el 38% de los convenios suscritos.
¨Estos resultados positivos en tan poco tiempo son los que nos impulsan a seguir trabajando arduamente por todo el Departamento. Por esa razón nos trasladamos a los municipios de El Carmen, Magangué y Mompox con el fin de que el contribuyente tenga las facilidades de consulta del impuesto de sus vehículos y se acerquen a retirar la declaración respectiva, con el fin de ganarse el 15% de descuento de la vigencia actual, promoción que va hasta el mes de marzo”, dijo Rodrigo Arzuza Jiménez, Secretario de Hacienda Departamental.
“Igualmente les recordamos a aquellos contribuyentes de vigencias pasadas que hayan incumplido con sus responsabilidades de pago, que se les estarán tomando las medidas de embargo en cuentas y vehículo¨, sostuvo el funcionario.
La jornada de sensibilización se realizará los días 2 y 3 de marzo en las plazas principales de El Carmen y Magangué y en el Parque Bolívar del municipio de Mompox.
Los funcionarios de la Unidad de Rentas estarán a cargo de la entrega de información en jornada laboral de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Los pagos efectivos de los impuestos vehiculares se podrán realizar en las entidades bancarias de Davivienda y Occidente, únicamente.
¨Estos resultados positivos en tan poco tiempo son los que nos impulsan a seguir trabajando arduamente por todo el Departamento. Por esa razón nos trasladamos a los municipios de El Carmen, Magangué y Mompox con el fin de que el contribuyente tenga las facilidades de consulta del impuesto de sus vehículos y se acerquen a retirar la declaración respectiva, con el fin de ganarse el 15% de descuento de la vigencia actual, promoción que va hasta el mes de marzo”, dijo Rodrigo Arzuza Jiménez, Secretario de Hacienda Departamental.
“Igualmente les recordamos a aquellos contribuyentes de vigencias pasadas que hayan incumplido con sus responsabilidades de pago, que se les estarán tomando las medidas de embargo en cuentas y vehículo¨, sostuvo el funcionario.
La jornada de sensibilización se realizará los días 2 y 3 de marzo en las plazas principales de El Carmen y Magangué y en el Parque Bolívar del municipio de Mompox.
Los funcionarios de la Unidad de Rentas estarán a cargo de la entrega de información en jornada laboral de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. Los pagos efectivos de los impuestos vehiculares se podrán realizar en las entidades bancarias de Davivienda y Occidente, únicamente.
Así es el laberinto de la restitución de tierras en Los Montes de María
Foto: archivo Arcanos / Cortesía DIUC -U. Central-
La tensión que se vive actualmente en una vereda de El Salado, en Carmen de Bolívar es el mejor ejemplo de las dificultades enormes que se afrontarán para la restitución de tierras. ¿Qué tan solas están las víctimas?
El corregimiento de El Salado, El Carmen de Bolívar, es un nombre reconocido prácticamente en toda Colombia por la tragedia allí sucedida entre el 16 y 21 de febrero del año 2000, cuando una incursión paramilitar acabó con la vida de 60 personas. Hoy se encuentra, como muchos otros lugares de Los Montes de María y del país en general, en riesgo de que se inicie una nueva etapa del conflicto. Esta a causa de los intereses encontrados que se enfrentarán en la aplicación de la Ley de Víctimas y restitución de tierras.
Las alertas de todo tipo por parte de los medios de comunicación, de algunas instituciones gubernamentales y de investigadores se han encendido, tras observar con preocupación el incremento de la confrontación por la tierra, así como el posicionamiento que están realizando los nuevos grupos paramilitares en las distintas regiones del país. El paro armado promovido por Los Urabeños a finales del 2011 también se ha leído como una forma de demostrar la capacidad de acción de estos grupos sobre los territorios. Los "Ejércitos Anti-restitución" que ya están operando en varios Departamentos de la costa son un motivo de alarma inminente. En resumen, se están posesionando estos actores armados para ofrecer sus servicios en situaciones de conflicto por la tierra.
En medio de estas tensiones, la vereda Los Palmitos en el corregimiento de El Salado, ha sido objeto de preocupación desde inicios del mes de febrero. Un grupo de 40 familias, organizadas en la Asociación de Campesinos de Los Palmitos, se está sintiendo intimidado por un varios individuos en la zona.
Historia de la vereda Los Palmitos
La vereda Los Palmitos, en el corregimiento de El Salado (El Carmen de Bolívar), se formó por el poblamiento de dos fincas, llamadas El Palmito, donde varios campesinos han hecho presencia desde 1979. Según la matrícula inmobiliaria No 062-2757, expedida por la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de El Carmen de Bolívar, en 1978 uno de los predios fue adquirido por Joaquín Antonio Ríos Medina, quien a su vez les permitió a varios de los campesinos que trabajaran las tierras. Posteriormente, en 1985 Ríos Medina le vendió el predio a Ignacio Oñoro y éste inmediatamente solicitó una hipoteca a la Caja de Crédito Agrario. Los campesinos declaran que nunca vieron a Ignacio Oñoro y que éste no hizo presencia en el predio durante los años sucesivos. Las anotaciones en la matrícula inmobiliaria que siguen, evidencian que el predio sirvió como aval para posteriores préstamos solicitados por Oñoro en los que parece que también intervino Ríos Medina. Finalmente, en 1989 Oñoro le vende El Palmito a Álvaro Enrique Sanjuanelo, incluyendo la hipoteca, cuando ya los campesinos llevaban viviendo en él desde hacía 10 años. Sanjuanelo tampoco hizo presencia en el predio en los años posteriores.
En el año 2000 cerca de 60 familias de la vereda se desplazaron, tras los hechos trágicos de la masacre de febrero. Sólo una familia se quedó en la zona. Pero producto de la precariedad del desplazamiento, en el 2003 otras tres familias retornaron a pesar de las difíciles condiciones que todavía se vivían allí. En los años subsiguientes han retornado 40 familias más. La mayoría de ellas, aún temerosas, se han limitado al retorno laboral. Otras sí han optado por asentarse definitivamente en la vereda. El tiempo que estas familias llevan en la vereda habitándola y trabajando la tierra ha permitido que el INCODER las reconozca como poseedoras y ha recomendado un amparo judicial sobre los predios de Los Palmitos mientras se aclara la situación legal.
En el entretanto, en el año 2009 aparecieron en la zona dos personas, Rubén Darío Vélez Vélez y Rubén Darío Ruíz Serna, declarándose como los nuevos dueños del predio. Los campesinos asentados allí ya habían solicitado una medida cautelar del predio El Palmito ante el Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada, con sede en Cartagena, y esta medida fue aprobada el 3 de octubre del 2008 y circunscrita en la matrícula inmobiliaria el 20 de abril del 2009. La medida de protección imposibilitaba la enajenación del bien y garantizaba su protección en el marco del contexto de violencia vivido en esa zona. Por este motivo, la exigencia de posesión de Vélez Vélez y Ruíz Serna es poco clara. Adicionalmente, lo que sí es un hecho constatable es que ninguna de estas dos personas aparece en la actual matrícula inmobiliaria, de tal suerte que si se produjo una venta ésta no fue registrada oficialmente.
Según los campesinos, el señor Rubén Darío Vélez continuó ejerciendo presión sobre la población de El Palmito, exigiendo su desalojo. Ellos señalan que en un momento logró que una de las familias que allí habitaban le firmara un contrato de arrendamiento como si él en efecto tuviese el derecho reconocido sobre el bien. Posteriormente, el 11 de agosto del 2011 exigió el desalojo de manera definitiva de las personas, e incluso según la versión de los campesinos, llegó a amenazar con un arma a los jornaleros. A la familia a la que le había hecho suscribir el contrato, le entregó un pago por 2'400.000 como indemnización por los cultivos existentes. Los campesinos de El Palmito han señalado que esto último sucedió frente al inspector de policía de El Carmen de Bolívar, Yair Sánchez Pérez.
Presiones recientes
Entre el 6 y 8 de febrero de este año, la tensión en la vereda Los Palmitos se ha vuelto a producir. Esta vez porque el 6 de febrero hicieron presencia allí cinco personas para informarles a los campesinos que les daban tres meses para que salieran. Estas cinco personas fueron el abogado Bonifacio Corrales, de San Juan Nepomuceno, como representante delos que se declaran propietarios; José Méndez, conocido por pertenecer al clan de los Méndez, una familia que es identificada con los gérmenes del paramilitarismo en la región; el administrador de la finca colindante El Respaldo; y otras dos personas. En dicha visita, les informaron a los campesinos que querían que éstos colaboraran tranquilamente en el desalojo del predio, debido a que se les había permitido estar en él los últimos siete años. No obstante, tenían ahora la intención de usarlo para la cría de búfalos. Los campesinos intuyen que existe un interés por englobar en un solo predio las fincas El Respaldo y Los Palmitos. Actualmente, El Respaldo es propiedad de la Abastecedora Planeta Rica, con sede en el Departamento de Córdoba.
Asimismo, el 7 de febrero volvieron a presentarse en El Palmito José Méndez y otro individuo preguntando por los líderes de la asociación y por el detalle de las familias que se quedaban a dormir. En esa ocasión los individuos se encontraban armados. Finalmente, el 8 de febrero el administrador de El Respaldo le advirtió a uno de los miembros de la asociación que se iban a presentar problemas por su pertenencia a ésta y por el predio en disputa.
En resumen, este conflicto se debe ver como un ejemplo más de las dificultades de la aplicación de la restitución de tierras en el marco de la Ley de Víctimas. Llama la atención que estos campesinos están próximos a entrar en el proceso de demandas de restitución, incluso cuando ya han sido reconocidos por el propio Incoder como poseedores del predio. También es inquietante que se los señores Rubén Darío Vélez y Rubén Darío Ruíz se presenten como los dueños de un predio del cual, por un lado, no aparecen registrados en la matrícula inmobiliaria y, por otro, es un predio protegido por el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada. Es decir, El Palmito ha sido declarado como un bien con medidas cautelares que prohíben la enajenación de sus derechos.
Los asentamientos estratégicos del periodo
Las Unidades de Restitución de Tierras creadas en el marco de la ley, tendrán como una tarea muy difícil la solución de los conflictos por posesión. Cuando en la región de Los Montes de María se dieron los desplazamientos masivos que vaciaron el campo, muchos campesinos en las cabeceras municipales y en las ciudades más grandes comenzaron a reclamar que sus predios estaban siendo ocupados por nuevos colonos. Algunos llegaron a considerar esto como una estrategia intencional para contrarrestar los años de posesión que ya habían sumado las comunidades campesinas antes del desplazamiento. Recientemente, la propia finca El Respaldo, junto con otros 8 predios rurales colindantes, estuvieron afectados por una de estas oleadas de nueva colonización. A estos predios llegaron 120 familias provenientes de Antioquia, Córdoba, Sucre y Chocó. En mayo de 2011 estas familias fueron desalojadas, en medio de una confusa situación porque 50 de ellas sí se declaraban como propietarias y otras aseguraron que habían tenido autorización de los dueños para asentarse allí. En todo caso, lo más curioso de aquella situación fue que los principales demandantes del desalojo fueron la Abastecedora Planeta Rica, Cementos Argos y la Reforestadora del Caribe S.A., filial de Cementos Argos. En el conflicto no quedó claro si los que habían autorizado el ingreso a las tierras originalmente habían sido estas tres empresas[1]. Lo cierto es que tras la invasión de estas tierras, los desplazados originarios no se animaron a realizar ningún retorno.
Preguntas finales
El pasado 24 de febrero se inauguró la Unidad de Restitución de Tierras en El Carmen de Bolívar. Su efectividad dependerá de la capacidad de todas las instituciones del Estado para hacer valer los principios de la restitución. Pero lo cierto es que más allá de lo que diga la normatividad, los interesados en quedarse con las tierras reclamadas por la población desplazada parecen estar dispuestos a darse la pelea. Lo que los campesinos enfrentan en la vida real en las veredas, apartadas de los cascos urbanos, parece ser un reto muy superior a lo que la ley tendrá capacidad de darles.
A esto se debe sumar la importancia que tendrán otras instituciones gubernamentales como las personerías municipales. No hay que dejar de estar atentos a lo que pasó en El Carmen de Bolívar con la elección del personero municipal a principios de año, cuando se denunció en un artículo deLasillavacia.com que los dos candidatos con más opción tenían limitantes de consideración para ocupar uno de los cargos más importantes a la hora de hacer valer los derechos de la Víctimas y los derechos de los demandantes de la restitución. Alberto González, había trabajado para la agropecuaria Génesis, con 4023 hectáreas de tierra. El otro candidato, Jorge Varela, era cuestionado por pertenecer al partido PIN y posiblemente tener la influencia de alias La Gata[2]. Varela fue electo y es quien tendrá ahora la responsabilidad de hacer valer los derechos de las víctimas. Las contradicciones persisten y los ojos de las instituciones estatales, los organismos de veeduría y otras organizaciones deben estar muy atentos a los tiempos próximos.
La vereda Los Palmitos será uno de los tantos casos que surgirá y que exige un esfuerzo para garantizar los derechos y la seguridad de la población. Esto en un marco de rearme del paramilitarismo en varias regiones del país con tendencia a oponerse fuertemente a la posibilidad de las comunidades para ejercer sus derechos.
Aguacates de El Carmen de Bolívar tienen hongos
El Carmen de Bolívar. Aunque gran porcentaje de las hectáreas sembradas de aguacate en los Montes de María están afectados por el hongo phytóptora, cerca de 800 mil frutos se han cosechado durante los últimos meses.
De las 6 mil hectáreas sembradas, el 50 por ciento está afectado, siendo San Jacinto y El Carmen, en Bolívar, y Ovejas, en Sucre, los más críticos. Lo más preocupante para los productores es que de las 3 mil hectáreas en producción, cerca de un 30 % ya se está afectando.
Chengue y El Tesoro, en Ovejas, Tierra Grata, Buenavista, Los Saltones, Guamanga, La Sierra, Ondible y Ojo Seco, en El Carmen, y El Paraíso, Matambal, Morena, Charquito, La Arena, en San Jacinto, son los más afectados.
Senén Arias Aragón, presidente de la Asociación de Aguacateros de El Carmen de Bolívar, explicó que pese a las afectaciones están produciendo aguacates de muy buena calidad, porque además hay unos árboles nuevos que no han sido tocados por la plaga.
"El ICA concluyó que en las zonas afectadas hay que erradicar los árboles y hacer siembra nueva de aguacate resistente al hongo. El aguacate tradicional que sembrábamos orgánicamente no pega, ya hay que asistirlo con insumos y un paquete tecnológico que lo ayuden a subsistir con la phytóptora", explicó Arias.
Plan estratégico
Agregó que el plan estratégico de acuerdo con el Gobierno, es comenzar con 500 hectáreas del fruto tecnificado. Aunque también hay otras estrategias con las gobernaciones de Sucre y Bolívar de Alianzas Productivas para sembrar alrededor de 100 hectáreas de aguacate --variedad Lorena-- por regiones.
Ordenan captura de notario de San Jacinto
La inmediata captura del notario único de San Jacinto, Bolívar, Alberto Jacinto Vásquez Vásquez, fue ordenada ayer por un Juez de Conocimiento del Carmen de Bolívar, que revocó la decisión del Juez Promiscuo de Córdoba que había dispuesto su libertad.
Vásquez había sido imputado, el pasado 16 de diciembre, por los delitos de prevaricato por omisión, falsedad material e ideológica en documento público y abuso de función pública, por presuntas irregularidades en la venta de más de 60 mil hectáreas de tierras en los Montes de María.
Municipios de Bolívar necesitan 870 maestros
El gobernador Juan Carlos Gossaín les garantizó a los padres de familia de El Carmen de Bolívar que trasladará a los maestros que estén de más en los municipios de la zona del Dique y Los Montes de María a las instituciones educativas del centro del Departamento. El mandatario anunció que hace algunos días se reunieron los 229 rectores de las instituciones educativas por convocatoria del secretario de Educación, Germán Caldas Vera, para determinar el número de maestros que hacen falta en esta región del país y concluyeron que son 870. Gossaín, quien reconoció que las exigencias de la comunidad son legítimas, anunció que contratarán la prestación del servicio de educación en los municipios del Zodes de Magdalena Medio, Loba, Mojana y Depresión Momposina, que no tienen profesores. Los padres esperan que este proceso no demore más de la cuenta.
Ordenan captura de notario por venta irregular de tierras en Los Montes de María
Un juez de Conocimiento de Carmen de Bolívar, revocó la decisión del juez promiscuo de Córdoba, quien ordenó la libertad del notario único de San Jacinto, Bolívar, Alberto Jacinto Vásquez Vásquez y ordenó su inmediata captura.
El pasado 16 de diciembre, una fiscal de la Unidad Anticorrupción le había imputado cargos por los delitos de prevaricato por omisión, falsedad material e ideológica en documento público y abuso de función pública, derivados de la presunta venta ilegal de tierras en los Montes de María, que habrían superado las 60 mil hectáreas.
El pasado 16 de diciembre, una fiscal de la Unidad Anticorrupción le había imputado cargos por los delitos de prevaricato por omisión, falsedad material e ideológica en documento público y abuso de función pública, derivados de la presunta venta ilegal de tierras en los Montes de María, que habrían superado las 60 mil hectáreas.
martes, 28 de febrero de 2012
Ley de Tierras, el proyecto más ambicioso del páis
Ley de Restitución de Tierras: para algunos está condenada al fracaso, para otros reabrirá conflictos, pero nadie niega que el gobierno de Juan Manuel Santos ha emprendido el más ambicioso programa de justicia agraria en décadas en Colombia.
Foto: Presidencia.gov.co
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dice que a pesar de los intentos de sabotaje de los extremistas, está decidido a aplicar la Ley de Tierras. Según el Gobierno ya se han presentado 8.500 reclamaciones y habrá muchas más a medida que se pongan a disposición de los campesinos nuevas oficinas. La última fue abierta el viernes 24 de febrero de 2012 en el municipio de El Carmen de Bolívar, una de las zonas más afectadas por la acción criminal de los grupos paramilitares.
Esperan ver restituciones éste año
El Carmen de Bolívar. El gerente general del Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural (Incoder), Juan Manuel Ospina, anunció que con la apertura de la oficina de atención al público de la Unidad de Restitución de Tierras en este municipio, esperan atender a 40 mil personas afectadas por el conflicto armado y la violencia. Ospina aclaró que sin existir una oficina en esta región del país, a la fecha ya han recibido 447 solicitudes de los campesinos de los Montes de María, las cuales cubren aproximadamente 17 mil hectáreas de tierra.
El funcionario recalcó que con los resultados de las solicitudes, una vez más está demostrada la enorme necesidad que existía en esta zona de una oficina con esas características, que va a permitir que de manera ágil se tramiten y se evalúen todos los procesos, para que los jueces puedan ejercer su trabajo en la restitución de derechos
A finales de año
Sobre los primeros resultados en la restitución de bienes para los campesinos afectados por el accionar de los grupos guerrilleros y paramilitares, Ospina indicó que esperan que antes que termine el año debe estar saliendo el primer bloque de decisiones sobre los procesos.
"Hay que tener en cuenta que todas las reclamaciones están sujetas a un proceso jurídico de verificación y de presentación de información, puesto que la Ley en eso es absolutamente clara y agiliza de una manera fundamental lo que sería un proceso ordinario de restitución de tierras", precisó Ospina.
Entre otras cosas porque, según Ospina, a quien le corresponde demostrar que la tierra le pertenece es a quien se apropió de los predios y no a quien la perdió (víctima). Adicionalmente las instituciones responsables de velar por el cumplimiento de la Ley deben contribuir a encontrar la información necesaria para que existan los elementos de juicio suficientes para definir quién es realmente el propietario.
Sobre los nuevos procedimientos de la Ley, el funcionario anunció que esperan reducir por lo menos en una quinta parte el tiempo normal que requieren estos procesos.
"Esperamos terminar este año viendo las primeras restituciones en Montes de María. Cada proceso es independiente y unos van avanzar con mayor celeridad que otros", concluyó Ospina.
lunes, 27 de febrero de 2012
Ministra de la Vivienda al fin se enteró que El Carmen de Bolívar no tiene agua
RCN Radio
Por: Johan Triana
La ministra de Vivienda, Beatriz Uribe, reconoció que hay serias dificultades para suministrar agua potable, de manera permanente en seis departamentos del país, especialmente en La Guajira y Bolívar, donde sus habitantes apenas tienen agua dos horas cada semana.
Los graves problemas para suministrar agua potable de manera constante los reconoció la Ministra de Vivienda con apenas dos ejemplos, "uno es Uribia en La Guajira y el otro es Carmen de Bolívar en Bolívar. Pero también encontramos en Nariño, Córdoba, Caquetá y Sucre, municipios donde el agua llega apenas un par de horas al día o a la semana".
Beatriz Uribe, Ministra de de Vivienda asegura además que en muchos casos la precaria condición de desabesticimiento de agua, "se debe a los altos precios de la electricidad que usan para encender las motobombas con las que bombean el agua, y además porque son empresas pobres y sin recursos, las que manejan estos acueductos".
Beatriz Uribe, Ministra de de Vivienda asegura además que en muchos casos la precaria condición de desabesticimiento de agua, "se debe a los altos precios de la electricidad que usan para encender las motobombas con las que bombean el agua, y además porque son empresas pobres y sin recursos, las que manejan estos acueductos".
Protesta campesina por demora en inicio de clases en Bolívar
Foto:RCN Radio/Protesta educativa
Por: Juan Carlos Cerón M
“Queremos que se agilice la educación en el sector rural como es los montes de María”.
Decenas de estudiantes y padres de familia de colegios públicos de varios corregimientos y veredas de la parte alta del municipio de El Carmen de Bolívar, adelantan una protesta frente a la gobernación en la Plaza de La proclamación en Cartagena, por la falta de iniciación de clases en esa región del país.
Con carteles que evocan el derecho a la educación, los manifestantes permanecen en la entrada principal a la edificación.
Jairo Enrique Ortega Guzmán, quien viene de la población de, El Camino del Salado, aseguró que está demorada la contratación de los profesores.
“Queremos que se agilice la educación en el sector rural como es los montes de María. Ya que se demoran mucho para la contratación y eso se debe agilizar lo más pronto posible”.
Por su parte, Greys Canoles, estudiante de la Institución educativa técnica agropecuaria de Macayepo, aseguró que no es justo que todos los años tengan que empezar clases dos y tres meses después de todos los estudiantes del país.
“Queremos que inicien las clases. Yo veo las noticias y escucho a la ministra de Educación que habla muy bonito y dice que en todos los lugares del país ya han comenzado clase, pero nosotros vinimos de lo más profundo de este departamento y es todo lo contrario de lo que ella dice”.
Los manifestantes aseguraron que no se moverán de la Plaza de La Proclamación hasta que el gobernador les solucione el problema de la educación en los Montes de María.
Con carteles que evocan el derecho a la educación, los manifestantes permanecen en la entrada principal a la edificación.
Jairo Enrique Ortega Guzmán, quien viene de la población de, El Camino del Salado, aseguró que está demorada la contratación de los profesores.
“Queremos que se agilice la educación en el sector rural como es los montes de María. Ya que se demoran mucho para la contratación y eso se debe agilizar lo más pronto posible”.
Por su parte, Greys Canoles, estudiante de la Institución educativa técnica agropecuaria de Macayepo, aseguró que no es justo que todos los años tengan que empezar clases dos y tres meses después de todos los estudiantes del país.
“Queremos que inicien las clases. Yo veo las noticias y escucho a la ministra de Educación que habla muy bonito y dice que en todos los lugares del país ya han comenzado clase, pero nosotros vinimos de lo más profundo de este departamento y es todo lo contrario de lo que ella dice”.
Los manifestantes aseguraron que no se moverán de la Plaza de La Proclamación hasta que el gobernador les solucione el problema de la educación en los Montes de María.
Camioneros denuncian mal estado de al menos tres puentes en la vía a la Costa Atlántica
Foto Archivo RCN Radio
Por: RCN La Radio
La Asociación Colombiana de Camioneros denunció que tras el daño que sufrió el puente Tope en la vía entre San Roque y Bosconia, en Cesar, hay por lo menos otras tres estructuras en riesgo de colapsar.
En diálogo con RCN La Radio, el secretario general de la organización, Ricardo Virviescas, explicó que se trata de los puentes de la entrada a Cuatro Vientos; otro que queda en la salida de Bosconia hacia Fundación; y uno más enseguida del puente Tope, colapsado el fin de semana.
Fuentes en la Agencia Nacional de Infraestructura consultadas por RCN La Radio explicaron que en coordinación con el consorcio Yuma, a cargo de la concesión del tercer tramo de la Ruta del Sol, evalúan las causas del colapso del pontón, el cual generó el cierre de la vía.
Como rutas alternas están funcionando los corredores Bosconia – Valledupar – Codazzi – San Roque, o hacia Medellín el ramal hacia Carmen de Bolívar.
Fuentes en la Agencia Nacional de Infraestructura consultadas por RCN La Radio explicaron que en coordinación con el consorcio Yuma, a cargo de la concesión del tercer tramo de la Ruta del Sol, evalúan las causas del colapso del pontón, el cual generó el cierre de la vía.
Como rutas alternas están funcionando los corredores Bosconia – Valledupar – Codazzi – San Roque, o hacia Medellín el ramal hacia Carmen de Bolívar.
En seis departamentos de Colombia escasea el agua potable
Beatriz Uribe, ministra de Vivienda.
La ministra de vivienda, Beatriz Uribe indicó las precarias condiciones por las que atraviesan centenares de familias en municipios de seis departamentos del país, con especial atención en La Guajira y Bolívar, para conseguir agua potable diariamente.
Uribe explicó que en municipios como Uribia, en La Guajira y Carmen de Bolívar, en Bolívar, el servicio de agua potable llega solamente dos horas a la semana. “También encontramos en Nariño, Córdoba, Caquetá y Sucre, municipios donde el agua llega apenas un par de horas al día o a la semana”.
Esta situación tan difícil se debe a los costos elevados de la electricidad para poner en marcha las motobombas que surten a los municipios con agua potable, al igual que los pocos recursos económicos de estas empresas de acueducto y energía
Uribe explicó que en municipios como Uribia, en La Guajira y Carmen de Bolívar, en Bolívar, el servicio de agua potable llega solamente dos horas a la semana. “También encontramos en Nariño, Córdoba, Caquetá y Sucre, municipios donde el agua llega apenas un par de horas al día o a la semana”.
Esta situación tan difícil se debe a los costos elevados de la electricidad para poner en marcha las motobombas que surten a los municipios con agua potable, al igual que los pocos recursos económicos de estas empresas de acueducto y energía
Electricaribe realiza cobro excesivos a usuarios en El Carmen de Bolívar
Estos son algunos de los afectados con el cobro excesivo de las facturas del servicio de energía.El Carmen de Bolívar. Las 55 familias que habitan el barrio Kilómetro Uno de esta localidad, denunciaron que Electricaribe les viene haciendo cobros excesivos por el servicio mensual de energía.
Varios de los residentes afirmaron que las facturas llegan con cobros que oscilan entre 70 y 82 mil pesos y que de no existir una solución acudirán a las vías de hecho.
Carmen Díaz Salas, ama de casa y afectada, aseguró que lleva mucho tiempo pagando las facturas tan elevadas sin justificación alguna.
"No creo que en una vivienda donde solo hay 2 bombillos, 1 nevera y 1 ventilador, que generalmente solo se utilizan en las noches, generen un gasto tan alto como el que está facturando Electricaribe", expresó Díaz.
Resaltó que la última factura le llegó por $82 mil. Agregó que además de la luz también les cobran el servicio de alumbrado público que por años no han recibido y la recolección de la basura que tampoco existe.
Comercial
Los residentes consideran que la responsabilidad del cobro desmedido es de la empresa ya que los tienen clasificados como sector comercial y en realidad son familias desplazadas y de escasos recursos.
Juan Alberto Martínez Salazar residente del sector recalcó que su sustento diario lo devenga del rebusque y lo que gana debe ahorrarlo solo para pagar la factura.
"Nosotros solo tenemos derecho a comer una vez al día, porque lo que ganamos no lo podemos gastar ya que después no tenemos con qué pagar el único servicio público deficiente que recibimos", expresó Martínez.
Igualmente solicitaron a la oficina de Planeación e Infraestructura Municipal una certificación donde conste cuál es realmente la dirección que a ellos les asignaron, puesto que la que aparecen en la facturas no corresponden al sitio donde están ubicadas las viviendas.
"Hemos solicitado varias veces a la empresa una revisión para encontrar dónde radica el problema, y de hecho vienen pero no encuentran nada y nos manifiestan que lo que nos facturan es lo que debemos cancelar", afirmaron otros residentes
Desde el lunes a revisar
Por su parte Ximena Fernández, encargada de las comunicaciones en Bolívar de la empresa Electricaribe, le precisó a este diario, que a partir de la próxima semana inician las revisiones de las facturas a través de una trabajadora social para detectar el problema y corregirlo
domingo, 26 de febrero de 2012
"Tomaremos todas las acciones para proteger a las víctimas": Juan Camilo Restrepo
Unas 600.000 hectáreas fueron reclamadas con la nueva ley de Restitución de Tierras en Colombia, informó el viernes el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, quien acotó que se tomaron medidas contra la amenaza de bandas armadas creadas contra la devolución.
Desde la entrada en vigor de la ley el 1° de enero pasado "se han presentado 8.500 reclamaciones por unas 600.000 hectáreas, cuando la cifra de tierras despojadas por la violencia pudo ser de dos millones", señaló el ministro en la apertura de la cuarta oficina de recepción de demandas, que cubre una parte de la emblemática región Montes de María (norte de Bolívar).
Restrepo aclaró que no todas estas demandas cumplirán los requisitos para la restitución que establece la norma –como que el despojo se perpetrara en los últimos 20 años–, pero subrayó que el volumen de reclamos es muy significativo, pues sólo se han inaugurado cuatro oficinas de las 22 que operarán en el país en un plazo de dos meses.
"Esto demuestra que la ley está bien enfocada. Va a permitir cumplir un viejo anhelo y una deuda que nuestra sociedad tiene con los despojados", declaró Restrepo, cuyo ministerio está al frente de la aplicación de la norma.
La sede abierta el viernes en el municipio El Carmen de Bolívar atenderá a víctimas de los Montes de María, una de las zonas más afectadas por la acción criminal de grupos guerrilleros y paramilitares, estos últimos antes de desmovilizarse entre 2003 y 2006.
Los paramilitares, que combatían a las guerrillas izquierdistas, cometieron en esta zona atroces masacres contra la población civil que llevaron a que El Carmen de Bolívar sea el octavo municipio colombiano con más tierras abandonadas (81.184 hectáreas entre 1993 y 2011), según un informe de la ONG especializada en el conflicto Nuevo Arco Iris, basado en cifras oficiales.
Los Montes de María también ha sido identificado como un corredor utilizado por las organizaciones narcotraficantes para transportar droga hasta la Costa Caribe colombiana con rumbo final hacia Estados Unidos.
Restrepo apuntó que, además del despojo por medio de la violencia, también se están investigando en esta zona otros métodos para arrebatar tierras a campesinos a través de mecanismos jurídicos facilitados con corrupción.
Seguridad
Sobre las denuncias de creación de bandas armadas que quieren evitar el funcionamiento de la ley en algunas zonas de Colombia, el ministro señaló a la AFP que "ha habido algunos casos, que son inquietantes, pero no podemos decir de ninguna manera que sea un movimiento mayoritario o masivo".
"Ya hemos creado un consejo al más alto nivel, con el Ministerio de Defensa y la Policía, para procesar información sobre estas amenazas. Y tomaremos todas las acciones que se requieran para proteger a las víctimas", aseguró Restrepo, sin dar más detalles.
La Corporación Nuevo Arco Iris alertó a mediados de febrero que grandes terratenientes del departamento de Cesar trabajan en la formación de un grupo armado para evitar la pérdida de tierras por la ley.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha denunciado públicamente que sectores de la extrema derecha y de la izquierda radical tratan de sabotear este proceso agrario, pero ha recalcado que se trata de la máxima prioridad de su gobierno.
En los últimos 15 años fueron robadas entre 1,2 y 5,5 millones de hectáreas en Colombia, en su mayoría por grupos armados de ultraderecha y también por las guerrillas izquierdistas y narcotraficantes, según estimaciones oficiales y de ONGs.
La ley para la restitución de tierras pretende devolver, antes del fin de la presidencia de Santos en 2014, unos dos millones de hectáreas a cerca de 400.000 familias que se calcula fueron desplazadas por la fuerza en Colombia desde 1991.
Desde la entrada en vigor de la ley el 1° de enero pasado "se han presentado 8.500 reclamaciones por unas 600.000 hectáreas, cuando la cifra de tierras despojadas por la violencia pudo ser de dos millones", señaló el ministro en la apertura de la cuarta oficina de recepción de demandas, que cubre una parte de la emblemática región Montes de María (norte de Bolívar).
Restrepo aclaró que no todas estas demandas cumplirán los requisitos para la restitución que establece la norma –como que el despojo se perpetrara en los últimos 20 años–, pero subrayó que el volumen de reclamos es muy significativo, pues sólo se han inaugurado cuatro oficinas de las 22 que operarán en el país en un plazo de dos meses.
"Esto demuestra que la ley está bien enfocada. Va a permitir cumplir un viejo anhelo y una deuda que nuestra sociedad tiene con los despojados", declaró Restrepo, cuyo ministerio está al frente de la aplicación de la norma.
La sede abierta el viernes en el municipio El Carmen de Bolívar atenderá a víctimas de los Montes de María, una de las zonas más afectadas por la acción criminal de grupos guerrilleros y paramilitares, estos últimos antes de desmovilizarse entre 2003 y 2006.
Los paramilitares, que combatían a las guerrillas izquierdistas, cometieron en esta zona atroces masacres contra la población civil que llevaron a que El Carmen de Bolívar sea el octavo municipio colombiano con más tierras abandonadas (81.184 hectáreas entre 1993 y 2011), según un informe de la ONG especializada en el conflicto Nuevo Arco Iris, basado en cifras oficiales.
Los Montes de María también ha sido identificado como un corredor utilizado por las organizaciones narcotraficantes para transportar droga hasta la Costa Caribe colombiana con rumbo final hacia Estados Unidos.
Restrepo apuntó que, además del despojo por medio de la violencia, también se están investigando en esta zona otros métodos para arrebatar tierras a campesinos a través de mecanismos jurídicos facilitados con corrupción.
Seguridad
Sobre las denuncias de creación de bandas armadas que quieren evitar el funcionamiento de la ley en algunas zonas de Colombia, el ministro señaló a la AFP que "ha habido algunos casos, que son inquietantes, pero no podemos decir de ninguna manera que sea un movimiento mayoritario o masivo".
"Ya hemos creado un consejo al más alto nivel, con el Ministerio de Defensa y la Policía, para procesar información sobre estas amenazas. Y tomaremos todas las acciones que se requieran para proteger a las víctimas", aseguró Restrepo, sin dar más detalles.
La Corporación Nuevo Arco Iris alertó a mediados de febrero que grandes terratenientes del departamento de Cesar trabajan en la formación de un grupo armado para evitar la pérdida de tierras por la ley.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha denunciado públicamente que sectores de la extrema derecha y de la izquierda radical tratan de sabotear este proceso agrario, pero ha recalcado que se trata de la máxima prioridad de su gobierno.
En los últimos 15 años fueron robadas entre 1,2 y 5,5 millones de hectáreas en Colombia, en su mayoría por grupos armados de ultraderecha y también por las guerrillas izquierdistas y narcotraficantes, según estimaciones oficiales y de ONGs.
La ley para la restitución de tierras pretende devolver, antes del fin de la presidencia de Santos en 2014, unos dos millones de hectáreas a cerca de 400.000 familias que se calcula fueron desplazadas por la fuerza en Colombia desde 1991.
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