Unas 600.000 hectáreas fueron reclamadas con la nueva ley de Restitución de Tierras en Colombia, informó el viernes el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, quien acotó que se tomaron medidas contra la amenaza de bandas armadas creadas contra la devolución.
Desde la entrada en vigor de la ley el 1° de enero pasado "se han presentado 8.500 reclamaciones por unas 600.000 hectáreas, cuando la cifra de tierras despojadas por la violencia pudo ser de dos millones", señaló el ministro en la apertura de la cuarta oficina de recepción de demandas, que cubre una parte de la emblemática región Montes de María (norte de Bolívar).
Restrepo aclaró que no todas estas demandas cumplirán los requisitos para la restitución que establece la norma –como que el despojo se perpetrara en los últimos 20 años–, pero subrayó que el volumen de reclamos es muy significativo, pues sólo se han inaugurado cuatro oficinas de las 22 que operarán en el país en un plazo de dos meses.
"Esto demuestra que la ley está bien enfocada. Va a permitir cumplir un viejo anhelo y una deuda que nuestra sociedad tiene con los despojados", declaró Restrepo, cuyo ministerio está al frente de la aplicación de la norma.
La sede abierta el viernes en el municipio El Carmen de Bolívar atenderá a víctimas de los Montes de María, una de las zonas más afectadas por la acción criminal de grupos guerrilleros y paramilitares, estos últimos antes de desmovilizarse entre 2003 y 2006.
Los paramilitares, que combatían a las guerrillas izquierdistas, cometieron en esta zona atroces masacres contra la población civil que llevaron a que El Carmen de Bolívar sea el octavo municipio colombiano con más tierras abandonadas (81.184 hectáreas entre 1993 y 2011), según un informe de la ONG especializada en el conflicto Nuevo Arco Iris, basado en cifras oficiales.
Los Montes de María también ha sido identificado como un corredor utilizado por las organizaciones narcotraficantes para transportar droga hasta la Costa Caribe colombiana con rumbo final hacia Estados Unidos.
Restrepo apuntó que, además del despojo por medio de la violencia, también se están investigando en esta zona otros métodos para arrebatar tierras a campesinos a través de mecanismos jurídicos facilitados con corrupción.
Seguridad
Sobre las denuncias de creación de bandas armadas que quieren evitar el funcionamiento de la ley en algunas zonas de Colombia, el ministro señaló a la AFP que "ha habido algunos casos, que son inquietantes, pero no podemos decir de ninguna manera que sea un movimiento mayoritario o masivo".
"Ya hemos creado un consejo al más alto nivel, con el Ministerio de Defensa y la Policía, para procesar información sobre estas amenazas. Y tomaremos todas las acciones que se requieran para proteger a las víctimas", aseguró Restrepo, sin dar más detalles.
La Corporación Nuevo Arco Iris alertó a mediados de febrero que grandes terratenientes del departamento de Cesar trabajan en la formación de un grupo armado para evitar la pérdida de tierras por la ley.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha denunciado públicamente que sectores de la extrema derecha y de la izquierda radical tratan de sabotear este proceso agrario, pero ha recalcado que se trata de la máxima prioridad de su gobierno.
En los últimos 15 años fueron robadas entre 1,2 y 5,5 millones de hectáreas en Colombia, en su mayoría por grupos armados de ultraderecha y también por las guerrillas izquierdistas y narcotraficantes, según estimaciones oficiales y de ONGs.
La ley para la restitución de tierras pretende devolver, antes del fin de la presidencia de Santos en 2014, unos dos millones de hectáreas a cerca de 400.000 familias que se calcula fueron desplazadas por la fuerza en Colombia desde 1991.
Desde la entrada en vigor de la ley el 1° de enero pasado "se han presentado 8.500 reclamaciones por unas 600.000 hectáreas, cuando la cifra de tierras despojadas por la violencia pudo ser de dos millones", señaló el ministro en la apertura de la cuarta oficina de recepción de demandas, que cubre una parte de la emblemática región Montes de María (norte de Bolívar).
Restrepo aclaró que no todas estas demandas cumplirán los requisitos para la restitución que establece la norma –como que el despojo se perpetrara en los últimos 20 años–, pero subrayó que el volumen de reclamos es muy significativo, pues sólo se han inaugurado cuatro oficinas de las 22 que operarán en el país en un plazo de dos meses.
"Esto demuestra que la ley está bien enfocada. Va a permitir cumplir un viejo anhelo y una deuda que nuestra sociedad tiene con los despojados", declaró Restrepo, cuyo ministerio está al frente de la aplicación de la norma.
La sede abierta el viernes en el municipio El Carmen de Bolívar atenderá a víctimas de los Montes de María, una de las zonas más afectadas por la acción criminal de grupos guerrilleros y paramilitares, estos últimos antes de desmovilizarse entre 2003 y 2006.
Los paramilitares, que combatían a las guerrillas izquierdistas, cometieron en esta zona atroces masacres contra la población civil que llevaron a que El Carmen de Bolívar sea el octavo municipio colombiano con más tierras abandonadas (81.184 hectáreas entre 1993 y 2011), según un informe de la ONG especializada en el conflicto Nuevo Arco Iris, basado en cifras oficiales.
Los Montes de María también ha sido identificado como un corredor utilizado por las organizaciones narcotraficantes para transportar droga hasta la Costa Caribe colombiana con rumbo final hacia Estados Unidos.
Restrepo apuntó que, además del despojo por medio de la violencia, también se están investigando en esta zona otros métodos para arrebatar tierras a campesinos a través de mecanismos jurídicos facilitados con corrupción.
Seguridad
Sobre las denuncias de creación de bandas armadas que quieren evitar el funcionamiento de la ley en algunas zonas de Colombia, el ministro señaló a la AFP que "ha habido algunos casos, que son inquietantes, pero no podemos decir de ninguna manera que sea un movimiento mayoritario o masivo".
"Ya hemos creado un consejo al más alto nivel, con el Ministerio de Defensa y la Policía, para procesar información sobre estas amenazas. Y tomaremos todas las acciones que se requieran para proteger a las víctimas", aseguró Restrepo, sin dar más detalles.
La Corporación Nuevo Arco Iris alertó a mediados de febrero que grandes terratenientes del departamento de Cesar trabajan en la formación de un grupo armado para evitar la pérdida de tierras por la ley.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha denunciado públicamente que sectores de la extrema derecha y de la izquierda radical tratan de sabotear este proceso agrario, pero ha recalcado que se trata de la máxima prioridad de su gobierno.
En los últimos 15 años fueron robadas entre 1,2 y 5,5 millones de hectáreas en Colombia, en su mayoría por grupos armados de ultraderecha y también por las guerrillas izquierdistas y narcotraficantes, según estimaciones oficiales y de ONGs.
La ley para la restitución de tierras pretende devolver, antes del fin de la presidencia de Santos en 2014, unos dos millones de hectáreas a cerca de 400.000 familias que se calcula fueron desplazadas por la fuerza en Colombia desde 1991.
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