Así es el laberinto de la restitución de tierras en Los Montes de María

Foto: archivo Arcanos / Cortesía DIUC -U. Central-

La tensión que se vive actualmente en una vereda de El Salado, en Carmen de Bolívar es el mejor ejemplo de las dificultades enormes que se afrontarán para la restitución de tierras. ¿Qué tan solas están las víctimas?

El corregimiento de El Salado, El Carmen de Bolívar, es un nombre reconocido prácticamente en toda Colombia por la tragedia allí sucedida entre el 16 y 21 de febrero del año 2000, cuando una incursión paramilitar acabó con la vida de 60 personas. Hoy se encuentra, como muchos otros lugares de Los Montes de María y del país en general, en riesgo de que se inicie una nueva etapa del conflicto. Esta a causa de los intereses encontrados que se enfrentarán en la aplicación de la Ley de Víctimas y restitución de tierras.

Las alertas de todo tipo por parte de los medios de comunicación, de algunas instituciones gubernamentales y de investigadores se han encendido, tras observar con preocupación el incremento de la confrontación por la tierra, así como el posicionamiento que están realizando los nuevos grupos paramilitares en las distintas regiones del país. El paro armado promovido por Los Urabeños a finales del 2011 también se ha leído como una forma de demostrar la capacidad de acción de estos grupos sobre los territorios. Los "Ejércitos Anti-restitución" que ya están operando en varios Departamentos de la costa son un motivo de alarma inminente. En resumen, se están posesionando estos actores armados para ofrecer sus servicios en situaciones de conflicto por la tierra.

En medio de estas tensiones, la vereda Los Palmitos en el corregimiento de El Salado, ha sido objeto de preocupación desde inicios del mes de febrero. Un grupo de 40 familias, organizadas en la Asociación de Campesinos de Los Palmitos, se está sintiendo intimidado por un varios individuos en la zona.

Historia de la vereda Los Palmitos

La vereda Los Palmitos, en el corregimiento de El Salado (El Carmen de Bolívar), se formó por el poblamiento de dos fincas, llamadas El Palmito, donde varios campesinos han hecho presencia desde 1979. Según la matrícula inmobiliaria No 062-2757, expedida por la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de El Carmen de Bolívar, en 1978 uno de los predios fue adquirido por Joaquín Antonio Ríos Medina, quien a su vez les permitió a varios de los campesinos que trabajaran las tierras. Posteriormente, en 1985 Ríos Medina le vendió el predio a Ignacio Oñoro y éste inmediatamente solicitó una hipoteca a la Caja de Crédito Agrario. Los campesinos declaran que nunca vieron a Ignacio Oñoro y que éste no hizo presencia en el predio durante los años sucesivos. Las anotaciones en la matrícula inmobiliaria que siguen, evidencian que el predio sirvió como aval para posteriores préstamos solicitados por Oñoro en los que parece que también intervino Ríos Medina. Finalmente, en 1989 Oñoro le vende El Palmito a Álvaro Enrique Sanjuanelo, incluyendo la hipoteca, cuando ya los campesinos llevaban viviendo en él desde hacía 10 años. Sanjuanelo tampoco hizo presencia en el predio en los años posteriores.

En el año 2000 cerca de 60 familias de la vereda se desplazaron, tras los hechos trágicos de la masacre de febrero. Sólo una familia se quedó en la zona. Pero producto de la precariedad del desplazamiento, en el 2003 otras tres familias retornaron a pesar de las difíciles condiciones que todavía se vivían allí. En los años subsiguientes han retornado 40 familias más. La mayoría de ellas, aún temerosas, se han limitado al retorno laboral. Otras sí han optado por asentarse definitivamente en la vereda. El tiempo que estas familias llevan en la vereda habitándola y trabajando la tierra ha permitido que el INCODER las reconozca como poseedoras y ha recomendado un amparo judicial sobre los predios de Los Palmitos mientras se aclara la situación legal.

En el entretanto, en el año 2009 aparecieron en la zona dos personas, Rubén Darío Vélez Vélez y Rubén Darío Ruíz Serna, declarándose como los nuevos dueños del predio. Los campesinos asentados allí ya habían solicitado una medida cautelar del predio El Palmito ante el Comité Departamental de Atención Integral a la Población Desplazada, con sede en Cartagena, y esta medida fue aprobada el 3 de octubre del 2008 y circunscrita en la matrícula inmobiliaria el 20 de abril del 2009. La medida de protección imposibilitaba la enajenación del bien y garantizaba su protección en el marco del contexto de violencia vivido en esa zona. Por este motivo, la exigencia de posesión de Vélez Vélez y Ruíz Serna es poco clara. Adicionalmente, lo que sí es un hecho constatable es que ninguna de estas dos personas aparece en la actual matrícula inmobiliaria, de tal suerte que si se produjo una venta ésta no fue registrada oficialmente.

Según los campesinos, el señor Rubén Darío Vélez continuó ejerciendo presión sobre la población de El Palmito, exigiendo su desalojo. Ellos señalan que en un momento logró que una de las familias que allí habitaban le firmara un contrato de arrendamiento como si él en efecto tuviese el derecho reconocido sobre el bien. Posteriormente, el 11 de agosto del 2011 exigió el desalojo de manera definitiva de las personas, e incluso según la versión de los campesinos, llegó a amenazar con un arma a los jornaleros. A la familia a la que le había hecho suscribir el contrato, le entregó un pago por 2'400.000 como indemnización por los cultivos existentes. Los campesinos de El Palmito han señalado que esto último sucedió frente al inspector de policía de El Carmen de Bolívar, Yair Sánchez Pérez.

Presiones recientes

Entre el 6 y 8 de febrero de este año, la tensión en la vereda Los Palmitos se ha vuelto a producir. Esta vez porque el 6 de febrero hicieron presencia allí cinco personas para informarles a los campesinos que les daban tres meses para que salieran. Estas cinco personas fueron el abogado Bonifacio Corrales, de San Juan Nepomuceno, como representante delos que se declaran propietarios; José Méndez, conocido por pertenecer al clan de los Méndez, una familia que es identificada con los gérmenes del paramilitarismo en la región; el administrador de la finca colindante El Respaldo; y otras dos personas. En dicha visita, les informaron a los campesinos que querían que éstos colaboraran tranquilamente en el desalojo del predio, debido a que se les había permitido estar en él los últimos siete años. No obstante, tenían ahora la intención de usarlo para la cría de búfalos. Los campesinos intuyen que existe un interés por englobar en un solo predio las fincas El Respaldo y Los Palmitos. Actualmente, El Respaldo es propiedad de la Abastecedora Planeta Rica, con sede en el Departamento de Córdoba.

Asimismo, el 7 de febrero volvieron a presentarse en El Palmito José Méndez y otro individuo preguntando por los líderes de la asociación y por el detalle de las familias que se quedaban a dormir. En esa ocasión los individuos se encontraban armados. Finalmente, el 8 de febrero el administrador de El Respaldo le advirtió a uno de los miembros de la asociación que se iban a presentar problemas por su pertenencia a ésta y por el predio en disputa.

En resumen, este conflicto se debe ver como un ejemplo más de las dificultades de la aplicación de la restitución de tierras en el marco de la Ley de Víctimas. Llama la atención que estos campesinos están próximos a entrar en el proceso de demandas de restitución, incluso cuando ya han sido reconocidos por el propio Incoder como poseedores del predio. También es inquietante que se los señores Rubén Darío Vélez y Rubén Darío Ruíz se presenten como los dueños de un predio del cual, por un lado, no aparecen registrados en la matrícula inmobiliaria y, por otro, es un predio protegido por el Comité Departamental de Atención a la Población Desplazada. Es decir, El Palmito ha sido declarado como un bien con medidas cautelares que prohíben la enajenación de sus derechos.

Los asentamientos estratégicos del periodo

Las Unidades de Restitución de Tierras creadas en el marco de la ley, tendrán como una tarea muy difícil la solución de los conflictos por posesión. Cuando en la región de Los Montes de María se dieron los desplazamientos masivos que vaciaron el campo, muchos campesinos en las cabeceras municipales y en las ciudades más grandes comenzaron a reclamar que sus predios estaban siendo ocupados por nuevos colonos. Algunos llegaron a considerar esto como una estrategia intencional para contrarrestar los años de posesión que ya habían sumado las comunidades campesinas antes del desplazamiento. Recientemente, la propia finca El Respaldo, junto con otros 8 predios rurales colindantes, estuvieron afectados por una de estas oleadas de nueva colonización. A estos predios llegaron 120 familias provenientes de Antioquia, Córdoba, Sucre y Chocó. En mayo de 2011 estas familias fueron desalojadas, en medio de una confusa situación porque 50 de ellas sí se declaraban como propietarias y otras aseguraron que habían tenido autorización de los dueños para asentarse allí. En todo caso, lo más curioso de aquella situación fue que los principales demandantes del desalojo fueron la Abastecedora Planeta Rica, Cementos Argos y la Reforestadora del Caribe S.A., filial de Cementos Argos. En el conflicto no quedó claro si los que habían autorizado el ingreso a las tierras originalmente habían sido estas tres empresas[1]. Lo cierto es que tras la invasión de estas tierras, los desplazados originarios no se animaron a realizar ningún retorno.

Preguntas finales

El pasado 24 de febrero se inauguró la Unidad de Restitución de Tierras en El Carmen de Bolívar. Su efectividad dependerá de la capacidad de todas las instituciones del Estado para hacer valer los principios de la restitución. Pero lo cierto es que más allá de lo que diga la normatividad, los interesados en quedarse con las tierras reclamadas por la población desplazada parecen estar dispuestos a darse la pelea. Lo que los campesinos enfrentan en la vida real en las veredas, apartadas de los cascos urbanos, parece ser un reto muy superior a lo que la ley tendrá capacidad de darles.

A esto se debe sumar la importancia que tendrán otras instituciones gubernamentales como las personerías municipales. No hay que dejar de estar atentos a lo que pasó en El Carmen de Bolívar con la elección del personero municipal a principios de año, cuando se denunció en un artículo deLasillavacia.com que los dos candidatos con más opción tenían limitantes de consideración para ocupar uno de los cargos más importantes a la hora de hacer valer los derechos de la Víctimas y los derechos de los demandantes de la restitución. Alberto González, había trabajado para la agropecuaria Génesis, con 4023 hectáreas de tierra. El otro candidato, Jorge Varela, era cuestionado por pertenecer al partido PIN y posiblemente tener la influencia de alias La Gata[2]. Varela fue electo y es quien tendrá ahora la responsabilidad de hacer valer los derechos de las víctimas. Las contradicciones persisten y los ojos de las instituciones estatales, los organismos de veeduría y otras organizaciones deben estar muy atentos a los tiempos próximos.

La vereda Los Palmitos será uno de los tantos casos que surgirá y que exige un esfuerzo para garantizar los derechos y la seguridad de la población. Esto en un marco de rearme del paramilitarismo en varias regiones del país con tendencia a oponerse fuertemente a la posibilidad de las comunidades para ejercer sus derechos.