viernes, 2 de marzo de 2012

Voto electrónico les costará a Colombia cerca de US $300 M

Luego del anuncio del Gobierno de respaldar la idea de establecer el voto electrónico para las elecciones de 2014, la Registraduría Nacional del Estado Civil hizo varias precisiones sobre dicha idea.
El registrador Carlos Ariel Sánchez dijo que el sistema, que servirá para evitar fraudes y enormes dificultades, costará cerca de US$300 millones.
“En realidad el costo puede fluctuar entre US$200 o US$300 millones, todo depende de la tecnología que se utilice (…) yo pienso que lo más importante no es considerar el costo, sino considerar la compatibilidad con nuestra realidad”, sostuvo.
Sin embargo, la implementación del sistema electrónico para los comicios, según Sánchez, no debe llevar a que se acabe con los registros físicos. Según él, es necesario contar con éste pues “una verificación posterior cuando se cierre la respectiva elección, para saber si el voto de la persona si se reflejó o no se reflejó en la operación electrónica del cómputo”.
Para la Registraduría es necesario ahora contar oportunamente con los recursos para incorporar tecnologías de avanzada en el proceso preelectoral.
Y aunque el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, consideró que a futuro todo apuntaría a acabar con la figura de los jurados de votación, el registrador dijo que “no desaparecerían porque ahora su actuación sería básicamente verificar electrónicamente las personas que van a votar, es decir controlar la huella, controlar las cedulas de las personas y producir electrónicamente después de que las personas han puesto su huella, cual es el registro de votantes”.
“Los jurados tendrían unas tareas más simples porque no tendrían que elaborar el acta de registro de votantes manualmente sino con las huellas de la hora y en segundo lugar no producir ellos el acta de escrutinio de jurados, sino simplemente hacer las verificaciones del caso y suscribirla”, señaló.
Gobierno quiere el voto electrónico para 2014. El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, advirtió que llegó la hora de poner en funcionamiento el voto electrónico y la identificación biométrica.
El alto funcionario recordó que desde 2004 existe en Colombia la obligación legal de implementar instrumentos que garanticen transparencia y agilidad en los procesos electorales.
“En la propuesta de Código Electoral que sometimos a consideración del Congreso de la República, dispusimos los instrumentos legales para hacer posible toda esta transformación. Propusimos que la regla general sea la votación mediante terminales electrónicas y que para las elecciones de 2014 el voto electrónico opere en los municipios zonificados”, explicó el jefe de la cartera política.
Agregó que llegó la hora de ponerle punto final a la era del tarjetón, y aunque reconoció que hay quienes piensan que la implementación de las nuevas tecnologías en todas las elecciones debe ser gradual, el Gobierno considera que para las elecciones de 2014 deben estar en plena vigencia.
Vargas Lleras insistió en que con el voto electrónico los beneficios para los ciudadanos y el sistema electoral colombiano serán aún mayores. “El voto electrónico hace prácticamente imposible el fraude, evita errores humanos, reduce los altos riesgos que se presentan en el transporte del material electoral y agiliza todo el proceso: la votación, los escrutinios y, obviamente, el anuncio de los resultados”, sostuvo el Ministro.
Para explicar las bondades del voto electrónico y la identificación del votante mediante lectores digitales de huellas dactilares, recordó que en las elecciones regionales la Registraduría realizó un programa piloto exitoso en varios municipios de todo el territorio nacional: “Destaco así mismo que en 2009 la Registraduría realizó 18 pilotos de voto electrónico en el país, y que el año pasado se empleó la identificación biométrica del elector en los municipios de Cartagena, Magangué, Carmen de Bolívar, Cali, Jamundí, Yumbo, Palmira, Buenaventura, Yotoco, Uribia, Maicao y Soledad”.
El Ministro Vargas Lleras dijo que las medidas disciplinarias y penales con las que hoy cuenta el Estado para combatir el fraude en las elecciones, resultan insuficientes si no se complementan con estrategias de alta tecnología para garantizar mayor confianza y transparencia en las urnas.

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