El notario 29 de Medellín, Juan Álvaro Vallejo Tobón y su asesor jurídico y notario encargado, Hernán Alonso Gutiérrez Vallejo, no se allanaron a los cargos que les formuló la Fiscalía ante el juzgado 28 penal de Medellín con función de garantías, como presuntos responsables de prevaricato por omisión agravado en concurso homogéneo y sucesivo.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública, entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010 se tramitaron en esa Notaría en un total de 25 escrituras de predios que tenían restricciones para su venta, ya que eran propiedad de familias desplazadas por los grupos armados que delinquían en los Montes de María en el sur de Bolívar.
Se trata de unas mil 876 hectáreas localizadas en los municipios de San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, el Carmen de Bolívar y Zambrano, las cuales fueron adquiridas de manera masiva por personas naturales o empresas de fachada, que en la mayoría de los casos presionaron a los campesinos para obtenerlas a menor precio.
La Fiscalía estableció que durante la trasferencia del derecho de dominio o venta de estos predios, los funcionarios investigados no exigían los correspondientes certificados de tradición y libertad para determinar que se trataba de unidades agrícolas familiares que estaban bajo la protección del Estado, ya que fueron otorgadas a familias que luego resultaron desplazadas.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad Nacional de Delitos contra la Administración Pública, entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010 se tramitaron en esa Notaría en un total de 25 escrituras de predios que tenían restricciones para su venta, ya que eran propiedad de familias desplazadas por los grupos armados que delinquían en los Montes de María en el sur de Bolívar.
Se trata de unas mil 876 hectáreas localizadas en los municipios de San Jacinto, San Juan de Nepomuceno, el Carmen de Bolívar y Zambrano, las cuales fueron adquiridas de manera masiva por personas naturales o empresas de fachada, que en la mayoría de los casos presionaron a los campesinos para obtenerlas a menor precio.
La Fiscalía estableció que durante la trasferencia del derecho de dominio o venta de estos predios, los funcionarios investigados no exigían los correspondientes certificados de tradición y libertad para determinar que se trataba de unidades agrícolas familiares que estaban bajo la protección del Estado, ya que fueron otorgadas a familias que luego resultaron desplazadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario