"Castigos más severos para los corruptos" pide el Procurador

Alejandro Ordóñez, procurador general de la Nación.

Una nueva arremetida contra los corruptos hizo el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, al señalar que las reformas a las normas a la contratación pública no son suficientes para combatir ese fenómeno enquistado en la sociedad colombiana.

Dijo que escándalos como el del carrusel de la contratación en Bogotá y de otros casos en el país, obedecen esencialmente a "la ausencia de una política pública en materia de vigilancia contractual", a pesar de que existe lo que llamó un ‘aluvión’ normativo que desconcierta tanto al contratista como a la misma administración.

Al intervenir ante 1.200 empresarios que asistieron al Congreso Nacional de Infraestructura, hizo reparos a un documento que le entregó ese gremio, el cual consideró que los problemas de corrupción son consecuencia de una falta de gerencia pública.

"El problema es mucho más amplio y no sólo depende de una simple gerencia pública", anotó, al referirse a las prolongadas demoras e incumplimiento en la ejecución de obras, manejo irregular de los dineros por anticipos, sobrecostos y el pago de dádivas a los funcionarios en el marco de contratos de infraestructura.

Ordóñez sostuvo que "el problema de la corrupción no es sólo ni exclusivo de la administración pública, sino que hay una democratización de la corrupción, tanto que el sector privado es hoy tan corrompido como el público en esos mismos escenarios".

Afirmó que el reto que tiene la sociedad colombiana es el de "lograr que se establezca una cultura de la legalidad frente a la cultura de la ilegalidad que hoy campea y nos amenaza y pone en entredicho nuestra institucionalidad, que la desborda y la deslegitima".

A una pregunta de El País acerca de si el nuevo Estatuto Anticorrupción es sólo un compendio de normas que no servirán para nada, el Procurador respondió que "el problema no se soluciona con la ley, pues apenas es un instrumento de una política pública que el Estado debe afrontar y asumir con mucha decisión".

El jefe del Ministerio Público exaltó, sin embargo, el alcance del Código de Autorregulación que le presentó la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI) en el marco del evento, como una forma de depurar el gremio de la ingeniería.

"Aquí lo que se debe es buscar el restablecimiento de la credibilidad y la confianza en las instituciones públicas, dentro de un proceso de recuperación de los valores éticos en el cual debe colaborar el sector privado", agregó Ordóñez.

Castigos más severos

Por su parte, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, se mostró partidario de atacar la corrupción, sobre todo en la contratación estatal, con castigos más severos y rigurosos dentro del marco gremial y de la misma ley como tal.

"Debemos ser absolutamente intolerantes con la corrupción y sus protagonistas. Esas faltas a la ética merecen sanciones ejemplarizantes y no blandas", anotó el titular de esa cartera al hablar ante la CCI.

En ese sentido, llamó la atención de los colombianos para que se conviertan en los verdaderos interventores de los contratos de infraestructura y en otros campos. "La Constitución del 91 nos permitió esa oportunidad gigantesca e histórica, la cual debemos seguir utilizando, pero sin abusos, como el caso de las acciones populares".

Sobre este último punto, dijo que las reformas al Estatuto de Contratación han servido, pero denunció que algunos bufetes de abogados están aprovechando las falencias de algunas de sus normas para "ejercer codicia y enriquecerse a costillas del Estado".

"Hay vacíos"

La contralora general de la Nación, Sandra Morelli, dijo que "los defectos en los pliegos de contratación pública y los vacíos en las normas" han sido responsables en gran medida de los problemas de corrupción.

"Aspectos como los imprevistos, las multas de bajo monto, la cesión de los contratos y hasta la caducidad de los contratos, la cual se acata, pero no se cumple" son factores negativos en los contratos públicos, anotó.

Aclaró que en la búsqueda de responsables de actos de corrupción no debe caerse en el desprestigio de todo un sector.