KAILLINE GIRALDO
El encuentro, al que asistieron representantes de entidades territoriales y varios actores de la sociedad civil, fue un ejercicio para abordar cuáles serán las políticas aplicadas para atender y reparar a las víctimas de que habla la sentencia de la Corte.
Se trata de familias del corregimiento de Mampuján en el municipio de Marialabaja, Las Brisas en San Juan Nepomuceno, y otras áreas aledañas a estos municipios, que padecieron el rigor de las acciones violentas producidas por grupos al margen de la ley en Bolívar, desde comienzo de la década del año 2000.
Los compromisos
“Este encuentro, en realidad se trata de una audiencia preparatoria, a la audiencia que va a realizarse en el sitio de los hechos, es decir en Mampuján; asimismo en la sentencia hay unos compromisos colectivos, por eso como diputados debemos proyectar un plan de acción para la inversión social en esos sectores que fueron afectados”, explicó a El Universal el diputado de La U Jorge Rodríguez. El diputado dijo que de esta manera el Gobierno Departamental, que encabeza Juan Carlos Gossaín debe constituir cuanto antes los comités territoriales de justicia transicional para poner en funcionamiento esos planes.
Un vocero de las familias afectadas, le dijo a El Universal que “la sentencia de la Corte Suprema era clara, y las entidades territoriales debían acatar cuanto antes lo ordenado en ella, toda vez que la reparación aún no llegaba a las familias, cuando en los actuales momentos, la presencia de otros grupos armados, empezaban a desestabilizar los espacios conquistados”.
La diputada Colombia Aduén, una de las impulsoras de la convocatoria, del Partido de La U, recordó que la convocatoria obedeció a lo ordenado en la sentencia de la Corte, sobre las masacres antes señaladas.
“Esta mesa sentaron las bases para una política de reparación de víctimas en Bolívar en atención a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia. Para ello, vamos a solicitar una modificación al presupuesto del departamento aprobado el año pasado para esta vigencia 2012, para que las acciones y planes que se incluyan en el Plan de Desarrollo Departamental que construye la actual administración del gobernador Juan Carlos Gossaín, vayan encaminados a las familias víctimas de las violencia de Mampuján, Las Brisas, San Cayetano y los demás poblados”, dijo Aduén.
La diputada recordó que Bolívar será piloto en el emprendimiento y desarrollo de la ley de justicia y paz.
“Bolívar es el primer departamento en el cual se pone en práctica el cumplimiento de la sentencia 34 547, para dar cumplimiento a resarcir los daños que se le han causado a las víctimas de la violencia en Colombia, en eso radica la importancia esta mesa de concertación”. Explicó el diputado José Utria, presidente de la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, que también integran los diputados Miguel Cueter y Colombia Aduén.
Al acto asistieron María Florido y Giselle Serrano de la OEA, Antonio Padilla, defensor del pueblo, el Alto Consejero para asuntos públicos de la Gobernación de Bolívar, Jaime Hernández Amín, Diana Mancilla, alcaldesa de Marialabaja, Gustavo José Castillo, alcalde de San Juan Nepomuceno, entre otros.
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