Unas 40.000 hectáreas habrían sido compradas de manera irregular en Montes de María
El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, informó este fin de semana que se reversarán 326 registros de ventas de predios despojados en la región de los Montes de María.
Señaló el alto funcionario que se abrirán 22 oficinas en todo el país para que las víctimas del despojo de tierras puedan interponer sus denuncias al respecto: “los grandes empresarios y terratenientes no quedarán impunes y tendrán que devolver las tierras que adquirieron de manera irregular, ya sea comprándolas baratas, con jugarretas jurídicas o bajo métodos de presión”.
Restrepo señaló que en el ‘Libro Blanco’ quedarán consignadas las acciones del Estado contra empresarios, intermediarios y funcionarios artífices del despojo de más de 6 mil hectáreas en el Carmen de Bolívar, Corozal y Sincelejo.
Los empresarios afectados con esta decisión son: Manuel Medina Muñetón, Álvaro Echeverría, Patricia Serani, las agropecuarias El Génesis, Tacaloa y Carmen de Bolívar, Tierras de Promisión (de Echeverría) y un fideicomiso.
A su vez, el Incoder anunció que también intenta recuperar 18 parcelas para campesinos que terminaron adjudicadas a la segunda camaronera del país, Cartagenera de Acuacultura.
Así mismo, se recuperará la ciénaga Amansaguapo, de la que se apropió Aldalberto Bula, con aclaración de linderos, para que su hacienda en Córdoba pasara de 160 ha a 700.
En cuanto a procesos contra notarías, se investigan la 1 de Montería; la 1, 2 y 3 de Sincelejo; la 14 y 29 de Medellín; la 4 de Cartagena, y las únicas de Corozal, Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, Tolú, Sopetrán, Cereté, San Onofre, San Jacinto, Ovejas y Palmitos.
El ‘Libro Blanco’
Restrepo explicó que en el 'Libro Blanco' de las acciones de Estado para la materialización de los elementos de la política de tierras se informará sobre las 1.600 irregularidades en la transferencia de las tierras en los Montes de María, sobre aproximadamente 40.000 hectáreas, en las que se cometieron infracciones a las normas de protección de tierras por desplazamiento forzado, inobservancia de prohibiciones para la venta de predios objeto de reforma agraria y fraudes en la transferencia de bienes del Fondo Nacional Agrario.
Señaló el alto funcionario que se abrirán 22 oficinas en todo el país para que las víctimas del despojo de tierras puedan interponer sus denuncias al respecto: “los grandes empresarios y terratenientes no quedarán impunes y tendrán que devolver las tierras que adquirieron de manera irregular, ya sea comprándolas baratas, con jugarretas jurídicas o bajo métodos de presión”.
Restrepo señaló que en el ‘Libro Blanco’ quedarán consignadas las acciones del Estado contra empresarios, intermediarios y funcionarios artífices del despojo de más de 6 mil hectáreas en el Carmen de Bolívar, Corozal y Sincelejo.
Los empresarios afectados con esta decisión son: Manuel Medina Muñetón, Álvaro Echeverría, Patricia Serani, las agropecuarias El Génesis, Tacaloa y Carmen de Bolívar, Tierras de Promisión (de Echeverría) y un fideicomiso.
A su vez, el Incoder anunció que también intenta recuperar 18 parcelas para campesinos que terminaron adjudicadas a la segunda camaronera del país, Cartagenera de Acuacultura.
Así mismo, se recuperará la ciénaga Amansaguapo, de la que se apropió Aldalberto Bula, con aclaración de linderos, para que su hacienda en Córdoba pasara de 160 ha a 700.
En cuanto a procesos contra notarías, se investigan la 1 de Montería; la 1, 2 y 3 de Sincelejo; la 14 y 29 de Medellín; la 4 de Cartagena, y las únicas de Corozal, Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, Tolú, Sopetrán, Cereté, San Onofre, San Jacinto, Ovejas y Palmitos.
El ‘Libro Blanco’
Restrepo explicó que en el 'Libro Blanco' de las acciones de Estado para la materialización de los elementos de la política de tierras se informará sobre las 1.600 irregularidades en la transferencia de las tierras en los Montes de María, sobre aproximadamente 40.000 hectáreas, en las que se cometieron infracciones a las normas de protección de tierras por desplazamiento forzado, inobservancia de prohibiciones para la venta de predios objeto de reforma agraria y fraudes en la transferencia de bienes del Fondo Nacional Agrario.
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