La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo denunciarron la grave situación que enfrentan los habitantes del sur de Bolívar, ante la constante violación de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
Tanto el Ministerio Público, liderado por Alejandro Ordóñez Maldonado; como la Defensoría del Pueblo, bajo la dirección de Vólmar Pérez; manifestaron en un comunicado conjunto su preocupación por las reiteradas solicitudes de las organizaciones sociales, comunitarias, defensoras de los DD.HH., la Iglesia, las procuradurías locales y regionales, como también de las autoridades municipales que buscan la interlocución con las entidades nacionales para abordar los problemas que enfrentan.
Son graves los problemas a los que se enfrentan, algunos derivados de la emergencia invernal y otras que tienen que ver con las actividades mineras y ahora con el debate electoral.
Para el Ministerio Público y la Defensoría, las comunidades del sur de Bolívar requieren medidas correspondientes que den respuesta al clamor de sus necesidades, por lo que convocan a la Vicepresidencia de la República, los ministerios del Interior, Minas y Energía, Protección Social, Agricultura y Ambiente, como también del Alto Consejero para las Regiones y la Participación Ciudadana, Acción Socia, Ingeominas, la unidad de parques nacionales y el Consejo Nacional Electoral.
Según comunicado de la Procuraduría, el vicepresidente Angelino Garzón hará presencia en el mes de noviembre en la región, oportunidad que servirá para evaluar la problemática denunciada por los habitantes y llegar a acuerdos y compromisos en beneficio de estas comunidades.
Mientras se analiza la situación, de acuerdo con la Procuraduría y la Defensoría, se hace necesario que las autoridades de la región y de Colombia adopten medidas que garanticen la seguridad a los habitantes del sur de Bolívar y la transparencia del debate electoral.
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