Un informe que presentó esta semana la Superintendencia de Notariado y Registro dejó al descubierto una decena de trampas jurídicas cometidas por compradores de mala fe y funcionarios del Incoder y oficinas de Registro Público, que despojaron al menos a 1.464 campesinos desplazados de la región de los Montes de María de más de 37 mil hectáreas de tierra, avaluadas en unos 200 mil millones de pesos.
Debido a lo que encontró el organismo fiscalizador, pronto habría una veintena de detenciones, en las que se esperan que estén algunos alcaldes de municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre.
Al respecto, Mauricio Romero, coordinador del Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris, le dijo que “en el caso de los funcionarios públicos que facilitaron estos despojos, hay que armar el caso judicial de acuerdo a su responsabilidad. Con los compradores, ya desde el Gobierno pasado se estaba hablando de los compradores de buena y mala fe, que es un tema difícil pero que hay que abordarlo de una manera precisa e inteligente. Los primeros tendrán que llegar a un acuerdo con los campesinos y con los segundos se obrará de acuerdo a la ley”.
Romero, sin embargo, advierte que hay que saber diferenciar muy bien a los dos tipos de compradores: “porque se pueden cometer una serie de injusticias e, incluso, tensionar las relaciones sociales en las distintas regiones y si son personajes con ciertos recursos o con relaciones no muy santas, entonces la violencia va a ser un último recurso”.
Precisamente, los compradores fueron clasificados por la Supernotariado en tres grupos y de acuerdo a las etapas de las irregularidades.
La primera, entre 2006 y 2008, cuando concluían las desmovilizaciones de los grupos paramilitares. En ésta, tres personas se aprovecharon del temor de los desplazados a volver a sus tierras y se aprovecharon, además, de las deudas que muchos de ellos tenían con el Estado por haber adquirido esas parcelas a través de programas de reforma agraria, por lo que les ofrecieron pagar lo que debían y comprarles los predios en valores irrisorios.
La segunda, luego de 2008, se trató de la agrupación de estos títulos en empresas –algunas con domicilios en locales vacíos de Medellín-, que convirtieron las pequeñas parcelas en grandes extensiones de tierras en esta región que, tras los despojos, podría pasar de llamarse Montes de María a Montes de “Ave” María, por los numerosos compradores paisas con que ahora cuenta.
“De todas maneras no podemos decir que todos los fraudes fueron cometidos por empresarios de Medellín, simplemente es una ciudad que tiene actividades económicas grandes y que genera ingresos para hacer inversiones en el resto de país. Lo que sí hay que identificar bien es el origen de esos recursos y los propietarios de esas empresas, porque ahí puede haber dineros provenientes del narcotráfico o que no se hayan legalizado bien por pago de impuestos”, explicó Romero.
La tercera etapa de anomalías se presentó cuando las gigantescas propiedades fueron vendidas a altos precios a grandes empresas, que dicen ser compradores de buena fe, pues no podían conocer las actuaciones fraudulentas que hubo en la adquisición de esos predios.
Para dar un ejemplo, el predio ‘El Cucal’ en San Onofre, Sucre, cuyo avalúo era de 43 millones de pesos, fue vendido por el finquero Miguel Bello a un particular en 60 millones y éste, a su vez, la vendió a una la compañía Argos en 469 millones de pesos.
La Superintendencia llama la atención al respecto, en el sentido de que una cosa es comprar un predio a bajo y precio y otra es comprarlo con documentos falsificados para venderlo nuevamente a precios exorbitantes.
Uno de estos compradores, según el informe, sería Otto Bula, señalado de ser testaferro del exsenador Mario Uribe Escobar.
Entre las localidades que están bajo la lupa de las autoridades, donde habría investigaciones contra alcaldes, notarios y registradores, están Cartagena, Carmen de Bolívar, María la Baja y Zambrano, en Bolívar, y Sincelejo, Corozal, Ovejas y San Onofre, en Sucre.
Así mismo, serían indagados los miembros de los comités locales y departamentales de atención a desplazados que autorizaron las ventas de los predios protegidos.
Igualmente, en el ojo del huracán se encuentra el juez quinto de paz de Barranquilla, Jairo González, quien no tendría competencia para titular tierras como lo habría hecho.
Para los campesinos, al menos, existe la posibilidad de la restitución de sus tierras en el marco de la recién aprobada Ley de Víctimas, a pesar de la telaraña de argucias jurídicas tejida con cada uno de los predios despojados, ya que podrán ir ante los jueces para que les devuelvan las tierras que vendieron los avivatos.
El representante de Nuevo Arco Iris señaló que ve "esperanzadora" la ley y, sin embargo, advierte que "demanda mucho esfuerzo de las autoridades, recursos y un apoyo político muy grande no sólo desde el Gobierno Nacional sino también del regional".
Al comentar la "nostalgia paramilitar" a la que se refirió el director de la Policía, general Óscar Naranjo, Romero comentó que se da "porque el paramilitarismo le daba una seguridad a unos sectores sociales limitados: posibilidades de ganancias de narcotráfico, no pago de impuestos, burla de legislaciones laborales y usurpación de bienes, y esos sectores acumularon riquezas, y como se ven afectados, obviamente están tratando de llevar al fracaso la restitución de tierras, entonces los sectores políticos deben organizarse, pronunciarse y buscar aliados”.
LOS COMPRADORES
Algunos de los compradores mencionados por el informe son: Álvaro Echeverría, con 4.650 ha; Tierras de Promisión: (también de Álvaro Echeverría), 1.644 ha; Manuel Medina Muñetón (a través de las agropecuarias Carmen de Bolívar, Génesis, San Simón, El Caney y Agrobufalera Los Aromos), 9.613 ha; Agropecuaria Tacaloa, 1.380 ha; Consorcio Agroindustrial del Norte, 841 ha; Flia. Arango Botero, 870 ha; Argos, 942 ha; Fiducor, 3.318 ha; Reforestadora del Caribe: 2.094 y Agropecuaria Montes de María, 727 ha.
LAS TRAMPAS JURÍDICAS
Hubo 10 movimientos fraudulentos identificados por la Supernotariado: la falsedad en resoluciones, de las que se hallaron 72 casos de alteración de resoluciones del Incora; la suplantación de campesinos, se encontraron 62 resoluciones; las actas ilegales o incompletas, se hallaron 24 actas de comités de protección a desplazados; los registradores cómplices, se documentaron 63 casos de registradores y notarios, especialmente en Carmen de Bolívar; la clonación de resoluciones para autorizar la venta de predios; los fraccionamiento de predios, se descubrieron 114 predios fraccionados para evadir las medidas de protección; las tutelas pendientes con las que se autorizó la venta de 35 predios; los líos con fideicomisos; las venta de bienes del Estado, con 98 casos y la adjudicación de 17 parcelas a una sola sociedad en poco tiempo.
Tras consolidar la fase de Aseguramiento a la población pobre y vulnerable del Departamento de Bolívar afiliada al Régimen Subsidiado que se encuentra refugiada en albergues con ocasión de la segunda ola invernal del año, la Secretaría Departamental de Salud inicia éste miércoles 25 de mayo la implementación de un Programa de Intervenciones Directas en los 22 municipios declarados como prioridad en la atención a damnificados por el invierno, confirmó el agente especial interventor de la Superintendencia Nacional de Salud, SUPERSALUD, ante la Secretaría Departamental de Salud en Intervención, Wilson Jaimes Castaño. 
