Los matarifes aseguran le han invertido aproximadamente $150 millones a la adecuación sanitaria de la planta de beneficio para cumplir las exigencias del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).
Reginaldo Bray Leal, representante legal de la Cooperativa Multiactiva de Pequeños Productores y Ganaderos de El Carmen de Bolívar, manifiesta que la orden del demoler el matadero “se debe a un capricho del Alcalde”.
“Pretenden fortalecer el frigorífico que está hace varios meses en el Carmen y que proviene de Corozal, en Sucre”, dice Bray Leal.
“Con esta medida proliferará el desempleo y la pobreza de todas aquellas familias que devengan su sustento diario del sacrificio de reses en el matadero local”, agrega.
En la manifestación de ayer participaron trabajadores y sus familias, que no son los únicos perjudicados con la medida.
A la protesta también se unieron muchos carmeros que temen una carestía de los productos cárnicos, con la imposición del nuevo frigorífico.
Ante la disposición del Alcalde, desde el viernes anterior se sacrifican reses en sitios diferentes al matadero.
Los matarifes y ganaderos lo hacen para cumplir compromisos personales y del gremio, en el negocio de compra y venta de carne.
“Nosotros tenemos aproximadamente un año de estar al frente de la planta y hemos asumido la responsabilidad del Municipio en cuanto al mejoramiento para garantizar un sano sacrificio de los animales, asegura Reginaldo Bray Leal.
Añade que han cambiado en un 95 por ciento toda la infraestructura del matadero para cumplir con las normas del Invima.
Habla la personera
La personera de El Carmen de Bolívar, Maribel Romero Tobías, comenta que la decisión de la Alcaldía fue concertada en un Consejo de Seguridad, al cual no la invitaron.
Señala que la Administración municipal debe expedir una resolución con los respectivos soportes técnicos de viabilidad para proceder a demoler, pero a la fecha se desconoce su existencia.
El Ministerio Público coadyuvará para que el gremio haga una concertación con la Alcaldía.
“Se quiere lograr una salida pacífica para que no se altere el orden público en la población”, concluye.
“Decisión tomada”
Geovaldi González, alcalde encargado de El Carmen, manifiesta que está cumpliendo una orden que impartió el Invima en el año 2008.
“A nosotros no nos queda otra opción que mantener sellado el matadero”, expresa el funcionario.
Explica que la decisión es tomó pensando no solo en la seguridad de las 450 familias que viven del matadero, sino de los 90 mil habitantes que consumen la carne que se procesa allí.
“La decisión de demoler o no el matadero ahora es responsabilidad de la Policía Nacional”, anota.
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