Asegura que hay abogados interesados solamente en hacer plata con las víctimas, por lo cual le han hecho mucho mal al proceso. Revela que será él quien destape el capítulo de la ‘paraeconomía’, porque hay más responsables solidarios de la causa paramilitar.
El ex comandante político del Bloque Montes de María de las autodefensas, se encuentra recluido en la cárcel Las Mercedes de Montería, pero en los próximos días, regresará a La Picota en Bogotá, donde ha pasado los últimos años.
‘Diego Vecino’ abre el capítulo de la paraeconomia y compromete grandes grupos empresariales del país.
Esta es la primera parte de la entrevista.
- Recientemente Cuco Vanoy pidió ser excluido de Justicia y Paz, mientras que Salvatore Mancuso en reiteradas ocasiones se ha negado a seguir versionando, ¿qué opinión tiene de esas posiciones y por qué es conveniente seguir en el proceso?
Creo que eso es gravísimo, en el sentido de que Mancuso y Vanoy son poseedores de gran parte de la verdad de lo sucedido durante los años de conflicto y de pertenencia a las extintas autodefensas.
En el caso de Vanoy, a través de los medios nos hemos enterado de la solicitud de renuncia a la Ley de Justicia y Paz. En aras de los derechos de las víctimas del Bloque Mineros que comandó, creo que no es sano para este proceso, porque se va a quedar gran parte de esa verdad reservada. Para nadie es un secreto que en los escenarios de la justicia ordinaria, el solo hecho de la confesión y aceptación del hecho, ya es motivo de rebaja de penas, sin necesidad de dar los detalles.
Considero que los vacíos de la Ley 975 de 2005 ha generado incertidumbre. Vacíos que van desde la misma fecha de vigencia de la Ley, las claridades en los tiempos de reclusión, el tema del aislamiento en el que se encuentra Vanoy en los E.U. y los más de 20 compañeros que están allá, las dificultades para esclarecer cada uno de los hechos y la interlocución permanente que deben tener con los postulados de los bloques que ellos presidieron, todos esos elementos y otros más, hacen que personas como Vanoy estén considerando seriamente la renuncia a la Ley de Justicia y Paz.
- ¿Valió la pena ser comandante de las autodefensas en esta guerra?
Es una pregunta compleja. Como ser humano, padre, esposo, hijo y como miembro de una sociedad, jamás valió la pena haber perdido tanto tiempo y haber causado tanto dolor a las víctimas sin haber logrado los objetivos que se habían propuesto al inicio de la lucha antisubversiva. No lo digo porque no se haya podido derrotar en su conjunto al enemigo histórico.
Creo que el gran balance es totalmente negativo en lo humano, en lo familiar, en la responsabilidad que se tiene de tantos hechos acaecidos, por ese monstruo de mil cabezas, que es el monstruo del conflicto.
Pero también debo decirle que si hay una sola cosa, que hoy tal vez recoge los elementos antes mencionados, fue el haber sido siempre y serlo hoy todavía, pese a las dificultades, una herramienta propositiva para que la paz y la reconciliación en Colombia se dé.
- ¿Cómo describe usted el encuentro con las víctimas?
Es la parte fundamental del proceso. El estar frente a frente con las personas a las cuales se les causó un daño fruto de las acciones de la guerra, es la parte clave de la Ley de Justicia y Paz.
Al igual que Uber Banquez, alias ‘Juancho Dique’, que somos los primeros condenados por Justicia y Paz y al ser confirmada esa sentencia por la Corte Suprema de Justicia, tuvimos que pasar por la etapa de la legalización de cargos y el incidente de reparación ante la Sala de Conocimiento del Tribunal de Bogotá, sala de Justicia y Paz, y ese incidente de reparación que no fue nada distinto al encuentro con las víctimas, a la explicación si tiene alguna explicación, de los hechos, en este caso de Manpuján, que hace de este proceso la parte fundamental y valiosa.
- ¿Pese a los vacíos que usted señala, sigue confiando en la Ley de Justicia y Paz?
Tenemos que seguir apostándole a este proceso, porque somos los destinatarios de esta Ley. Debemos hacerle entender a los colombianos que el proceso de paz es político, que la ley es un componente de este proceso; desafortunadamente se judicializó en su totalidad. La interlocución política con el gobierno anterior se perdió, se ha venido recuperando con el nuevo gobierno.
Es que solo se habla de la Ley y se ha olvidado que el éxito de los procesos de paz es la reinserción. El gran fracaso de este proceso de paz es el fracaso de la reinserción. No se puede conseguir la paz invitando a miles de hombres, 31 mil 768, para sacarlos de las trincheras de la guerra olvidándolos dentro de las cárceles e incluso abandonándolos dentro de la sociedad, lo que hizo que miles de estos hombres pasaran a engrosar las filas de las nuevas organizaciones.
- ¿Pero la percepción que existe es que dentro de este proceso lo único que interesaría es cazar políticos?
Dentro de la reconstrucción de la memoria histórica, de lo sucedido en el conflicto, el país lo ha venido conociendo como parapolítica.
Es evidente que la parapolítica, si bien es cierto era necesario que se esclareciera, ha sido también otra de las grandes situaciones que ha presentado la Ley para consolidar su avance. El país se ha centrado en conocer solo el fenómeno de la parapolítica y hay que decirlo, los generadores de opinión poco se preocupan por las víctimas que reclaman hoy que los cuerpos de sus familiares aparezcan.
Para el país vende más la noticia de la captura o investigación de un político, que la petición de un ciudadano del común. Eso ha opacado el sentir de las víctimas, pero es necesario y el país tiene que conocer la verdad en todos sus componentes. No solo en la parapolítica, sino en la paraeconomía, quienes se beneficiaron y se siguen beneficiando de la guerra, quienes sacaron frutos.
La parapolítica opacó de alguna manera la esencia de la Ley de Justicia y Paz, que es el esclarecimiento de tantos crímenes y tantos hechos violentos.
- ¿La verdad se convirtió en negocio?
Hay algunos sectores, especialmente abogados defensores de víctimas que solo les interesa la reparación, esa es otra de las verdades que hay que conocer. Uno encuentra, una agresividad en algunos casos, pocos, pero que le hacen daño al proceso, por parte de estos abogados cuando tratan el tema de la reparación.
Mire que con el caso de Manpuján, cuando fue el encuentro con las víctimas, jamás vi en sus rostros rencor. No vi odio, vi dolor, tristeza y vi perdón. El país observó un acto hermoso que conmueve a cualquier persona, cuando una de las víctimas de Manpuján me regaló una biblia, en nombre de la comunidad.
Hay personas que han tomado la ley como un gran negocio. Aquí no se ha medido con el mismo rasero a todo el mundo. Aquí los paganos del conflicto hemos sido solo un sector de los actores del conflicto y pareciera que la otra verdad no interesara.
LA PARAECONOMÍA
- Usted declaró sobre la existencia de una paraeconomía, ¿esa es la otra verdad a la que usted se refiere?
Eso hace parte de la otra verdad. Yo lo expresé dentro de mis versiones libres hace pocos días en Montería. La empresa Postobón pagaba 10 millones de pesos mensuales por departamento en la Costa Atlántica.
Al Bloque Montes de María por Sucre le llegaba esa suma mensual, igual en Bolívar, Atlántico, Magdalena, La Guajira, Cesar. El caso de Córdoba no lo conocí y ese dinero lo recibía un financiero de ‘Jorge 40’, y ellos le hacían llegar a nuestro Bloque el respectivo dinero.
Yo me pregunto, será que esa negociación no se conocía por los gerentes departamentales de esa, porque no se cobraba directamente o porque no se iba a Sincelejo a cobrar la cuota. Esa fue una negociación del nivel de un alto directivo, para que fuera por toda la región de la Costa.
También se habla de la reforestadora Monterrey, que tiene una extensión de 15 mil o 20 mil hectáreas en Zambrano, Bolívar, del Grupo Santo Domingo. Aquí estamos pisando callos, bueno tal vez a esos personajes no les dá callos como a los campesinos, pero estoy hablando lo de la Drummond, detrás de qué, a dónde está la responsabilidad para que también una multinacional de esa índole ayude a la reparación de las víctimas. Debemos responderle al país por el financiamiento de la guerra.
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