En la investigación identificaron dos supuestas clases de compradores: de buena y mala fe, que adquirieron los predios —algunos a costos inferiores al real— de 1.500 campesinos desplazados de esa región por paramilitares y las Farc.
La preocupación sobre el tema de la restitución en Los Montes de María supone dificultades como identificar qué compradores —la mayoría reconocidos empresarios paisas— actuaron bien o mal, hoy dueños de proyectos agroindustriales que podrían ser protegidos, a la luz de la llamada Ley de Víctimas.
La lista de propietarios, publicada por este diario en su momento, está encabezada por el empresario Álvaro Ignacio Echeverría, con 4.771 hectáreas por un lado y 1.616 hectáreas por otro. Así mismo, aparece Manuel Medina Muñetón, con 8.618. Los dos, que harían parte de los llamados primeros compradores, terminaron cediendo sus títulos a un fideicomiso.
Entre la veintena de funcionarios de alcaldías, el Incoder y notarías que son investigados, está la registradora de Instrumentos Públicos de El Carmen de Bolívar, Ana Regina Güette Herrera, destituida por el Tribunal Superior de Cartagena.
El parlamentario del Polo, Iván Cepeda, quien también hizo un estudio sobre el caso, le dijo al medio virtual La Silla Vacía que uno de los temores que existe es que la mayoría de empresarios sean considerados tenedores de buena fe.
El superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, le dijo a EL HERALDO que, por ejemplo, Cementos Argos, propietaria de parte de las tierras en cuestión, sería uno de los de buena fe, ya que son terceros compradores y, además, adelanta un programa de reforestación en Los Montes de María.
La Silla Vacía resalta que varios desplazados se han opuesto a este programa, entre ellos el recientemente asesinado concejal del Polo en San Onofre, Sucre, Antonio Mendoza.
El Superintendente habló sobre lo que sucede en la región que cubre parte de territorio bolivarense y sucreño, y otros sitios cruciales para la restitución de tierras.
¿Cómo se hizo el estudio en Los Montes de María?
Se dispuso un estudio bastante amplio, de unas 72 mil hectáreas, que realmente son un 20% de la problemática de Los Montes de María. Se hizo un diagnóstico jurídico predio por predio, y ya el resto es la intervención que viene por parte de los entes de control.
¿Qué hallaron?
Encontramos tres escalas de compradores. Con los primeros es donde habrían unas dificultades de carácter jurídico, pues uno tendría que revisar si se configura la buena fe en muchos de ellos.
Usted dice que Cementos Argos es comprador de buena fe…
Lo que pasa es que son terceros compradores, ellos no son los primeros. Entonces, usted tiene que revisar de ahí para atrás cómo compró cada uno, pero cuando uno va en el tercer comprador no tiene que arrastrar lo de los demás.
¿No hay una cuestión ética en el hecho de comprar tierras en regiones donde hubo desplazamientos recientes?
A mí no me cabe calificar. Yo lo que creo es que les faltó haber hecho más estudios en el tema de los títulos. La ética la califica cada uno bajo su concepto, porque es un tema tan subjetivo que es muy difícil. Los abogados, en este tema de tierras, van a tener que estudiar con mucha mayor profundidad la titulación. ¿Por qué nosotros sí llegamos a la verdad? Porque tenemos la información, pero nos tocó estudiarla y sentarnos título por título.
Pero la pregunta es si el tercero que compra, después de dos años, puede saber si eso es de buena o mala fe, por eso uno parte del principio fundamental de que se hizo de buena fe.
¿Cómo descubrieron las irregularidades?
Por ejemplo, tenemos el acta de desplazados de El Carmen de Bolívar y preguntamos quién era el presidente de ese comité, mándeme la firma del presidente, y no coincide la firma. O una resolución del Incora, ¿por qué está registrada después de que el Incora estaba liquidado?
¿Qué pasará con estas tierras?
El Ministerio de Agricultura será el que los llame a todos, pero primero le tocará a un Juez Agrario medir la buena o mala fe. Eso tendría que llegar a una conciliación y, obviamente, el que compra mal tendrá que indemnizar de alguna forma a los propietarios.
¿Han llegado peticiones de restitución a la Superintendencia?
Sí, han empezado a llegar denuncias puntuales, obviamente estamos investigándolas, haciendo el diagnóstico que nos corresponde. Es importante aclarar que nosotros trabajamos de la mano con la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, que empezarán a hacer las investigaciones correspondientes.
¿Dónde habría mayores dificultades en el país?
Hemos avanzado en Los Montes de María, Meta, Urabá y vamos a La Mojana. Atlántico no tiene muchas dificultades, pero sí Magdalena, Sucre y Córdoba.
Además, hemos recuperado baldíos. La mayor víctima ha sido el Estado colombiano. Cuando hemos investigado 500 mil hectáreas, 120 mil son del Estado.
¿Ya hay acciones de devolución en proceso?
Tenemos para devolver, porque retrocedimos escrituras, unas 107 mil hectáreas. La semana entrante vamos a entregar 38 mil en el Meta. Eso es casi tramitar la mitad del cuatrienio, que son 500 mil hectáreas. A final de este año podemos estar pisando las 200 mil en baldíos. No nos hemos metido donde creemos que puede haber extensiones muy grandes usurpadas,como Vichada y Caquetá donde hay fincas de 30 mil hectáreas.
¿Cuánto podría tardar el tema de la restitución?
Eso puede ser 10 años. Este no es tema solo de una administración: es una Política de Estado. La ventaja es que hay una voluntad política y un acompañamiento de todo el mundo, entonces trabajamos con mucho personal y tranquilidad. Nosotros lo que tenemos es que hacer bien es el diagnósticos, que será el instrumento, la herramienta que le servirá a los jueces agrarios para poder tomar las determinaciones.
Por Tomás Betín Del Río
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