El solo hecho de anunciarse la diligencia de restitución, que consistía en sacar aproximadamente 12 mil bolsas con alimentos dañados de las bodegas y miles de medicinas, despertó la curiosidad de habitantes de barrios aledaños a las bodegas, en el sector Manzanillo del barrio Bosque, quienes se aglomeraron en las afueras del inmueble.
Sin embargo el proceso fue suspendido por el inspector de Policía de la zona, Luis Gómez, atendiendo una solicitud de la abogada de los propietarios de las bodegas, ya que no compareció a la diligencia ninguna autoridad ambiental, especialmente personal especializado para la manipulación de estos alimentos dañados.
Tampoco había la logística necesaria para sacar los mercados de las bodegas y muchos menos se sabía en qué lugar serían dispuestos todos estos productos descompuestos, los cuales expiden fuertes y desagradables olores.
A juicio del abogado Antonio Caballero, de la Fundación por Colombia, uno de los contratistas que proveyó los paquetes de alimentos, la diligencia debió ser suspendida porque no hubo personal especializado para removerlos, ya que se necesita de un manejo especial para evitar contaminación en el sector.
Agrega que no había la logística para hacer por lo menos un inventario de los elementos que yacen en las bodegas.
Por su parte, el veedor Antonio Coquel, de la Corporación de Veeduría Social de Cartagena, la cual le ha hecho seguimiento a este proceso de los ‘mercados millonarios’, se mostró sorprendido por la ausencia de autoridades en la diligencia, de lo cual se dejó firmada un acta.
A su juicio, las autoridades ambientales y de salud debían estar en el sitio, ya que la manipulación indiscriminada de esos alimentos dañados podría generar en el sector graves problemas ambientales y de salud.
Y no estaba alejado de la realidad el veedor, dado que en las afueras de las bodegas varios habitantes esperaban la salida de los alimentos dañados a fin de extraer lo que consideraban les podía servir y criticando la situación a la vez.
María del Socorro Rodríguez, habitante del sector, señala que haber permitido que los alimentos se dañaran era una “malditidad y no tener corazón, por cuanto en su barrio había mucha gente padeciendo de hambre”.
Ella asegura que esperaba junto a varios vecinos, el anunciado operativo de desalojo de la bodega para tratar de recoger lo que pudiesen de los mercados dañados.
“Algo nos debe servir de ahí. De pronto haya jabón, Fab o cosas que no se hayan dañado, pero esto es una maldad con el pueblo”, insiste María del Socorro, apoyada por otras personas que ayer la rodeaban.
Orden de incineración
Durante el curso de una acción popular, el Juzgado 10º Administrativo de Cartagena ordenó a principios del año pasado incineración todos los mercados.
La orden recayó sobre el Invima, que a su vez remitió el asunto a la Gobernación de Bolívar, pero esta entidad territorial consideró que no podía quemar algo que no es suyo y que además eso implicaba altos costos que no tenía por qué sufragar.
Por lo tanto esa orden, comenta el veedor Antonio Coquel, no se ha cumplido.
Además del debate por el tema del pago de arriendo, también cursan en el Tribunal Administrativo de Bolívar y en el Consejo de Estado varias demandas ejecutivas que han desencadenado en embargos millonarios contra la Gobernación de Bolívar, por más $4.000 millones más el valor de los intereses generados desde el 2008.
Al respecto, la actual administración, la de Alberto Bernal, que encontró el lío formado por parte de Gobiernos anteriores, alega que sobre el tema de la bodega no ha sido notificada de demanda alguna en su contra y que también se está en espera de que los entes judiciales resuelvan lo relacionado con los contratos.
El problema es de litigio
El gobernador de Bolívar, Alberto Bernal, manifiesta que en virtud de los procesos judiciales que hay en curso no puede tomar determinación inmediata alguna sobre si quema o no los mercados dañados, pues encontró este problema demasiado avanzado al asumir el cargo como mandatario.
Alega que con el concurso del Distrito sí podría entrar a mediar en algún tipo de estrategia para evitar que se genere un problema ambiental de gran magnitud, pero en cuanto a los pagos de arriendos y valores de los mercados debe esperar que se definan los litigios en curso, ya que tomar cualquier decisión por su cuenta podría generar investigaciones en su contra.
Antecedentes
Aproximadamente Son unos 12.000 mercados y miles de medicamentos abandonados en las bodega, cuyo costo ascendía, hasta finales del 2007, a la suma $4 mil millones.
Estos contratos fueron suscritos por el gobernador de al fecha Libardo Simancas poco antes de culminar su período en diciembre de 2007 y tenían como objeto atender a los damnificados del invierno de ese año.
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