Ovejas. Representantes de siete familias campesinas de la finca San Jorge, ubicada a 6 kilómetros de la cabecera de este municipio en la vía a Chalán, llegaron a la Alcaldía a pedirles a las autoridades que les garantice la tenencia legal de sus tierras.
Y es que según ellos, en 1997 el Incora (Instituto Nacional de Reforma Agraria) les adjudicó 195 hectáreas y desde entonces han trabajado ininterrumpidamente en ellas, pero que en 2008 firmaron un acuerdo de compra-venta con una persona, acuerdo que, según los campesinos, nunca se cumplió.
Indicaron que las firmas que autenticaron para el acuerdo de compra-venta fueron aprovechadas por el interesado para anexarlas a otro contrato distinto, y que después apareció un documento de venta de las tierras.
Aseguran que las escrituras, que hoy aparecen a nombre de otra persona, fueron hechas fraudulentamente, tanto que no tienen el aval de venta de
Incoder (Instituto Colombiano para el Desarrollo Rural), ente que reemplazó al Incora.
"En varias oportunidades la Inspección de Policía y la Fiscalía local lo ha citado para clarificar la situación, pero no se ha hecho presente. No vamos a entregar nuestras propiedades a una persona que falsificó las escrituras", dijo Eugenio Castro, uno de los afectados.
Candelaria García, inspectora de Policía, aseguró que en los últimos días familias de las fincas de Vilú; La Europa, La Chavela, San Jorge, entre otras, han solicitado a su oficina amparo policial para sus tierras.
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