Un corrupto convirtió una finca de 18 hectáreas en 5.000 en San Jacinto

Es investigado porque aceptó supuesto poder otorgado por un campesino para pasar finca a un 'para'.

A Alberto Jacinto Vásquez, notario único de San Jacinto (Bolívar), le atribuyen poderes bíblicos. Dicen que resucitó a un muerto y que multiplicó tierras. Él, que afirma no saber por qué le asignan esos dones, sostiene con ironía que está dispuesto a escribir un artículo que, si se tratara de darle gusto a la gente, titularía Yo, Jesucristo.
El 24 de mayo del 2000 certificó la escritura mediante la cual un muerto, Lino Antonio Díaz Almario, representado mediante poder por Danilo Pacheco de la Hoz, vendía en 2 millones de pesos a la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite de Urabá el predio Santa Teotista, de 18 hectáreas, ubicado en la vereda Llano Rico de Riosucio (Chocó), que el Incora le adjudicó en 1990.
Pero al notario de San Jacinto ni siquiera le resultó sospechoso que el trámite de una tierra del lejano Urabá chocoano se hiciera en Bolívar. La cédula de quien representaba al supuesto vendedor, que en realidad había muerto ahogado en el río Curvaradó en 1995, según su familia, "en dudosas circunstancias", era de Soledad (Atlántico), y se trataba de no hacer viajar desde Urabá al "vendedor" para agilizar el trámite.
En la misma diligencia, que el notario de San Jacinto describe ante EL TIEMPO con desgano como "un proceso momificado" -dice no entender por qué después de 11 años le dan tantas vueltas-, quedó consignado en la escritura 094 que vendedor y comprador anexaban una aclaración en la que, citando el derecho de accesión, el predio de 18 hectáreas pasaba a ser de 5.927, por la bifurcación de un río.
Por este caso, a Vásquez, de 56 años, y quien ya llevaba cinco siendo notario, lo investigó disciplinariamente la Superintendencia de Notariado y Registro a partir del 2007. El caso allí no trascendió, pero según un investigador de esta entidad, está siendo indagado por la justicia penal.
De cómo se dio el trámite, el notario de San Jacinto recuerda, como si tampoco resultara sospechoso, que el comprador, Javier Morales Estrada, en representación de la Asociación de Pequeños Cultivadores de Palma de Aceite de Urabá, explicó "que llegaba con un fin altruista, que quería ayudar a esa gente y organizarla".
Hoy, cuando está bajo la lupa por una escritura que es irregular, según fuentes que prefieren mantener el anonimato, dice que el campesino que llegó con poder de la notaría de Carepa para vender el predio seguramente fue escogido con el cuidado de que no dijera nada y que solo fuera a firmar. "Si una persona va a falsear, tiene que venir preparada", agrega este guarda de la fe pública, que incluso dice, con orgullo, que ese día del 2000 los clientes le manifestaron haber escogido su notaría porque les habían hablado bien de ella. Y sobre el poder, que él asumió como verdadero, dice: "Es posible que hayan asaltado también en su fe al notario de Carepa". Sin embargo, el investigador de la Supernotariado insiste en que "en un caso como este lo primero que tuvo que haber hecho el notario de San Jacinto fue llamar a su par en Carepa para pedirle el original del documento".
Vásquez, de 1,80 m de estatura y voz fuerte, a pesar de las dudas sobre él, sigue haciendo escrituras en la notaría de San Jacinto y atina a decir: "No tengo por qué llamar a cada notario cada vez de que me llegue un poder".
Frente a la multiplicación de 18 hectáreas en más de 5.000, tampoco actuó como debía hacerlo. Según la Superintendencia, "en un proceso de accesión de 5.900 hectáreas el notario tiene que llamar a los vecinos del predio, pues el único lindero no es un río".
De hecho, según un documento del Consejo de Estado, del 2007, no es legalmente posible la accesión cuando se desvía un río de un predio privado, pues tanto el caudal como la zona seca que deja son bienes "inalienables e imprescriptibles del Estado". Además, según el concepto, "están expresamente excluidos de los procesos de adjudicación de baldíos". Esto, salvo derechos adquiridos antes del 18 de diciembre de 1974.
Pero para reafirmar su actuación, Vásquez levanta una gruesa carpeta con documentos adjuntados al trámite que hizo. Entre ellos, un plano satelital de un terreno inundado, supuestamente elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac). Según el investigador de la Superintendencia, se comprobó que era falso.
El notario de San Jacinto no está siendo investigado solo por este caso, por el que ha declarado varias veces a través de documentos que elabora el personero del pueblo bolivarense, Francisco Charry, y que envía a Bogotá.
Después de 11 años, en el certificado de tradición y libertad del predio del Urabá chocoano, y luego de 29 anotaciones en las que figuran la anulación de la venta del 2000, englobes y desenglobes, el titular sigue siendo el campesino ahogado en el río Curvaradó.
Su familia no ha podido registrarse a la ley de víctimas porque aparece que el jefe de la casa murió ahogado, motivo por el cual no es una víctima; pero la familia tiene sus sospechas y no puede probar que pudo haber alguien tras su muerte.
La tierra mantiene el sello de la palma de aceite, plantación que marcó una época de terror en la zona.
Comprador, en la cárcel
Javier Morales Estrada, el comprador del predio de Lino Díaz, quien se identificó como representante de una asociación de palmicultores, resultó ser paramilitar del bloque Élmer Cárdenas de las autodefensas.
Hoy está recluido en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí (Antioquia).
El supuesto delegado del vendedor, Danilo Pacheco de la Hoz, corre la misma suerte, pues fue capturado el 19 de mayo del 2010 y permanece en la cárcel Modelo de Barranquilla.
Nicolás Congote Gutiérrez
Redactor de
San Jacinto (Bolívar)