LILA LEYVA
La Contraloría General de la República iniciará una investigación a la Urgencia Manifiesta decretada por el exalcalde Galo Torre Serra en enero del presente año.El organismo de control procede a la indagación debido a una serie de denuncias y a una Acción de Tutela que interpusieron los rectores de las instituciones educativas en el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de El Carmen de Bolívar, para que se esclarezca la inversión de más de $1.140 millones correspondientes a Calidad Educativa y Comedores Escolares de la vigencia 2010.
La Contraloría General le comunicó al presidente del Colegio de Rectores, Dalmiro García Henríquez, que luego de realizar una evaluación de las denuncias realizadas por los docentes, se iniciarán las investigaciones respectivas.
“Le informamos que realizada la evaluación, se ha dado traslado a la Dirección de Vigilancia Fiscal del Sector Social, de la Contraloría General de la República, dependencia competente para adelantar las diligencias y ejercer el control fiscal pertinente, el cual se encuentra sujeto a los términos y procedimientos establecidos en la Constitución y en la normatividad aplicable”, reza el documento de la Contraloría.
A juicio de García Henríquez, es muy positivo que ese órgano de control haya acogido todas sus quejas, y esperan que los resultados de la investigación se den en un corto tiempo, porque los más perjudicados con la situación son los estudiantes.
“Queremos que haya una claridad puntual en las investigaciones, porque queremos que se demuestre el grado de responsabilidad fiscal al que haya lugar dentro de esta investigación contra el Alcalde y el Secretario de Educación municipal”, dijo.
Agrega que la Urgencia Manifiesta que fue adoptada por la Administración local, no es más que un aprovechamiento por parte de los funcionarios de las necesidades que padecen los planteles educativos desde hace muchos años.
Además de lo anterior, García le manifestó a este medio que lo único que buscaba la Alcaldía era desviar los $1.140 millones correspondientes a Calidad Educativa y almuerzos escolares de la vigencia 2010.
De igual forma, aclara que desconocen totalmente a cuanto haciende lo transferido por la Nación a través del Sistema General de Participación de Calidad Educativa para atender a la población estudiantil en la vigencia de 2011, “los cuales también están siendo utilizados bajo la figura de la Urgencia Manifiesta”.
Luchando
El Rector arguye que en este momento las instituciones educativas están sosteniéndose por las transferencias correspondientes a Gratuidad Educativa, los giros realizados por el Departamento y con recursos propios.
Por su parte, la personera municipal, Maribel Romero Tobías, realizó la semana pasada una denuncia por los mismos hechos ante la Procuraduría Provincial de El Carmen de Bolívar.
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